Tras su aprobación en Diputados, la modificación de la norma que regula la protección de glaciares es objeto de presentaciones judiciales por parte de provincias y organizaciones ambientales.
La Cámara de Diputados de la Nación sancionó el pasado 9 de abril la reforma a la Ley de Glaciares por 137 votos a favor y 111 en contra, tras un debate que se extendió por más de 11 horas. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, flexibiliza aspectos de la norma para permitir actividades como la minería y delega en las provincias el control de los cuerpos de hielo.
Tras la sanción, la Oficina del Presidente publicó un comunicado en el que destacó que la modificación busca «garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos».
Sin embargo, la reforma ha generado críticas y acciones legales. La provincia de La Pampa, gobernada por Sergio Ziliotto, presentó un amparo declarando la inconstitucionalidad de la ley, argumentando que «debilita la protección ambiental y amenaza el agua del río Colorado y Atuel». Este conflicto hídrico entre La Pampa y Mendoza tiene antecedentes en la Corte Suprema de Justicia.
Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil y ambientales también se oponen. El biólogo Federico Kopta señaló en declaraciones a Canal 10 que grupos como Greenpeace están preparando una presentación colectiva que ya reunió más de 850 mil firmas, lo que, según él, muestra «el rechazo por parte de una enorme parte de la población». Estas organizaciones denuncian que la reforma representa una «regresión ambiental inconstitucional» y vulnera el Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina.
Según datos del Inventario Nacional de Glaciares del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, en el país existen 16.968 cuerpos de hielo que cubren una superficie cercana a los 8.484 kilómetros cuadrados.
En este contexto, la reciente reforma de la Ley de Glaciares enfrenta el riesgo concreto de ser judicializada, lo que podría detener su aplicación.