La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud, propone un reempadronamiento obligatorio y modifica los criterios para el acceso a pensiones, en el marco de la discusión sobre la Emergencia en Discapacidad vigente.
El Gobierno Nacional ha remitido al Senado de la Nación un proyecto de ley que busca modificar el régimen actual de la Emergencia en Discapacidad, revalidada por el Congreso tras un veto presidencial. El texto, titulado «contra el fraude de pensiones por invalidez», fue elaborado por el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones y será defendido por la bancada oficialista.
La administración argumenta que la medida persigue el equilibrio fiscal de las cuentas públicas, una línea de acción similar a la adoptada en el debate sobre el financiamiento universitario. En ese sentido, la Procuración del Tesoro presentó la semana pasada un recurso ante la Corte Suprema para evitar la entrega de fondos a las universidades.
El proyecto sobre discapacidad establece un reempadronamiento obligatorio con un plazo máximo de noventa días. Uno de sus puntos centrales es el aumento de las restricciones para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD), limitando el acceso a la pensión exclusivamente a personas con invalidez laboral total, excluyendo así a quienes tengan un empleo formal.
Otro aspecto significativo es la eliminación del nomenclador que fija aranceles universales para los prestadores de servicios. Esta decisión implicaría que el Estado se retire de las negociaciones, permitiendo acuerdos segmentados por rama y geografía, con la excepción del PAMI.
Ante esta iniciativa, las familias de personas con discapacidad y los prestadores de servicios han convocado una marcha para este miércoles frente al Ministerio de Salud, para reclamar la aplicación plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad.