La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, cuestionó las modificaciones introducidas en el proyecto de Presupuesto 2027 en el área de discapacidad y responsabilizó al Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo. El malestar alcanzó también a diputados libertarios y al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quienes no conocían los detalles del capítulo VI antes de su ingreso al Congreso.
Buenos Aires. La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, cuestionó este martes las modificaciones introducidas en el proyecto de Presupuesto 2027 respecto al área de discapacidad, y responsabilizó de la situación al Ministerio de Economía, conducido por Luis «Toto» Caputo.
En declaraciones periodísticas, la legisladora se refirió al malestar generado en el oficialismo tras el ingreso del texto al Parlamento: «Habíamos estado el día anterior en una mesa política, se habían dado los números macro y los fundamentos, pero nadie dijo nada de esto». Bullrich advirtió que alterar aspectos sensibles sin consensos previos debilita las mayorías legislativas: «El presupuesto siempre es una herramienta fundamental. En vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica».
El malestar oficialista no se limitó al Senado. Según trascendió, ni los diputados libertarios ni el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, conocían los detalles del capítulo VI antes de que el proyecto fuera remitido al Congreso, apuntándose también de manera interna hacia el Ministerio de Salud y la Secretaría de Legal y Técnica por la descoordinación.
El polémico capítulo VI del proyecto (artículos 36 a 41) introduce modificaciones permanentes en el sistema de atención a la discapacidad, incluyendo la derogación parcial de la Ley de Emergencia (ley 27.793) y cambios en la ley 24.901 de prestaciones básicas. Entre los puntos más debatidos figura la eliminación de los aranceles únicos de referencia del Nomenclador, lo que obligaría a las familias a negociar de manera individual las coberturas con obras sociales y prepagas, además de modificaciones en los criterios de compatibilidad de las pensiones por invalidez para personas con empleo formal.