La Cámara alta convirtió en ley el proyecto que modifica el Régimen Simplificado de Ganancias y aprobó los convenios para transferir a la órbita porteña la investigación y juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años.
Buenos Aires. El Senado de la Nación convirtió anoche en ley la denominada Inocencia Fiscal en su segunda versión, un proyecto que modifica el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y fija topes para definir discrepancias fiscales significativas. La iniciativa, que reemplaza a la norma aprobada hace ocho meses, obtuvo 44 votos a favor.
El respaldo provino de los bloques conducidos por Patricia Bullrich, el PRO, la UCR, Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas.
Durante el debate, el senador Bruno Olivera defendió la medida al señalar que el proyecto «trata de si vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto».
Por su parte, los 23 senadores del bloque peronista votaron en contra. El presidente del bloque, José Mayans, argumentó que la ley se engancha con un programa económico que afecta a trabajadores y jubilados, mientras que Jorge Capitanich cuestionó la falta de funcionarios del Ministerio de Economía y de ARCA durante el debate en comisiones.
En cuanto a los cambios centrales, la nueva legislación redefinió el acceso al RSG y estableció que una discrepancia entre lo declarado y los registros del fisco dejará de ser significativa si es del 15% o más pero no supera los cinco millones de pesos. Asimismo, fijó el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para aprovechar los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal.
En la misma sesión, la Cámara alta aprobó por 44 votos a favor y 21 en contra los convenios entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para el traspaso de la justicia de menores y competencias penales. El acuerdo transfiere a la órbita porteña la investigación y juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, además de integrar a los adultos imputados en los mismos hechos.
Desde el oficialismo destacaron que la medida unifica la prevención y sanción de ilícitos bajo una misma jurisdicción, en tanto que el sector peronista cuestionó las asimetrías en el federalismo fiscal.