Un grupo de familias del Centro Parroquial de Educación y Cultura «Margarita A. de Paz» y del Jardín de Infantes Parroquial del Niño Dios, de Villa Carlos Paz, presentó un documento con firmas ante la DIPE, la JAEC y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba para solicitar una intervención administrativa y medidas preventivas. El texto menciona trece denuncias públicas por presuntos abusos sexuales que involucran al ex Pbro. Alejandro Nicola, el fallecimiento de un trabajador en el establecimiento el 12 de agosto de 2026 y una migración de matrícula durante el ciclo lectivo.
Villa Carlos Paz. Un sector de la comunidad educativa del Centro Parroquial de Educación y Cultura “Margarita A. de Paz” y del Jardín de Infantes Parroquial del Niño Dios impulsó una recolección de firmas y presentó un documento formal ante la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (DIPE), la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC) y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
El petitorio solicita una intervención administrativa urgente, efectiva, preventiva y coordinada, y el apartamiento preventivo de los directivos del Nivel Inicial y del personal jerárquico del gabinete psicopedagógico. El texto completo de la carta fue difundido y lleva fecha del 26 de agosto de 2026.
Entre los fundamentos, el documento menciona trece denuncias conocidas públicamente vinculadas a presuntos hechos de abuso sexual infantil en una causa en la que se encuentra investigado quien fuera sacerdote y párroco vinculado al establecimiento, Pbro. Alejandro Nicola. Según el texto, su llegada formal a la institución se produjo en febrero de 2025 y las primeras denuncias fueron efectuadas en mayo de 2025. Durante 2026 se conocieron once nuevas denuncias, alcanzándose un total de trece.
El documento indica que el Pbro. Alejandro Nicola fue apartado preventivamente por el Arzobispado de Córdoba y que posteriormente se adoptaron medidas en el marco de la investigación judicial. Añade que en junio de 2026 renunció el entonces representante legal, Dr. Luciano Freytes Varela, y fue designado Guillermo Buitrago como nuevo representante legal, mientras que el Pbro. Pablo Nassif fue designado administrador parroquial.
El texto también hace referencia al fallecimiento de Diego López, trabajador de mantenimiento y limpieza, hallado sin vida el miércoles 12 de agosto de 2026 en dependencias del sector conocido como Torreón, mientras se desarrollaba la jornada escolar y había alumnos en el establecimiento. Según la presentación, las familias concurrieron de manera urgente a retirar a sus hijos y se interrumpió la actividad escolar. El documento aclara que las circunstancias de ese fallecimiento se encuentran bajo investigación judicial y que no corresponde a esa presentación efectuar afirmaciones respecto de su causa ni establecer relación con la investigación penal por los presuntos abusos. Agrega que días después la Fiscalía interviniente dispuso un allanamiento en la vivienda del trabajador fallecido y el secuestro de elementos de interés para la investigación.
El petitorio menciona comunicaciones institucionales del 16 de octubre de 2025 y del 5 de diciembre de 2025. En la primera, según el texto, el establecimiento señaló que había tomado conocimiento de información divulgada “en el marco de una reunión informal convocada por dos familias”, calificó lo comunicado como referido a “supuestos hechos” que “no se encuentran acreditados ni probados en modo alguno” y afirmó que “la escuela está actuando de acuerdo con los protocolos, y las autoridades competentes ya están brindando el seguimiento necesario”. En la segunda, el Centro Parroquial se refirió a informaciones sobre “supuestos hechos de abusos ocurridos en el mes de mayo 2025” en el Nivel Inicial, afirmó que la institución daba “cumplimiento acabadamente a los protocolos” y calificó como “inverosímiles” las versiones que circulaban.
El documento también alude a una reunión realizada en la tarde del 25 de agosto de 2026 con las actuales autoridades institucionales, de la cual participaron aproximadamente 500 integrantes de la comunidad educativa. Según el relato, se planteó la necesidad de conocer qué protocolos de protección, prevención, acompañamiento y seguimiento se encuentran activados, qué organismos externos intervienen y qué medidas concretas se han dispuesto. Las respuestas del representante legal Guillermo Buitrago y del administrador parroquial Pbro. Pablo Nassif remitieron a la existencia de una investigación en manos de la Justicia. El texto indica que una parte significativa de las familias se retiró expresando disconformidad.
La presentación cita la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley Provincial 9.944 y la Ley Provincial 5.326, regulatoria de los institutos privados de enseñanza de Córdoba. También menciona la Guía Provincial AcompañarCBA, aprobada por Resolución N.º 235/2026 del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
El petitorio solicita que se determine si existieron omisiones, demoras, errores de actuación, incumplimientos de protocolos, fallas de supervisión, ausencia de comunicación a las autoridades competentes, minimización o desestimación de manifestaciones de niños o familias. Pide que, cuando de las actuaciones preliminares surjan elementos que lo justifiquen, se instruyan los sumarios administrativos correspondientes con pleno respeto del derecho de defensa. Y que, si se acreditaran incumplimientos, se apliquen las sanciones administrativas o disciplinarias previstas por la normativa vigente.
Entre los pedidos, se solicita que DIPE requiera al establecimiento la cantidad de bajas, retiros y solicitudes de pase registradas durante 2026 y su comparación, en números absolutos y porcentuales, con iguales períodos de los ciclos lectivos 2023, 2024 y 2025, preservando la identidad de los alumnos y sus familias. El documento menciona que el Centro Parroquial alberga aproximadamente 1.500 alumnos.
La presentación también pide que se informe formalmente a las familias qué protocolos se encuentran actualmente activados, qué organismos intervienen y qué medidas concretas de prevención y protección están siendo implementadas. Solicita un canal formal, permanente y documentado de comunicación con las familias. Y requiere que las autoridades destinatarias informen por escrito, con carácter urgente, las actuaciones realizadas, las medidas adoptadas y el organismo o funcionario responsable del seguimiento, en un plazo que no exceda las 72 horas desde la recepción.
El texto concluye que no solicita culpabilidad antes de investigar, sino protección mientras se investiga, y que mientras no exista una evaluación externa e independiente sobre el funcionamiento del sistema institucional, no puede afirmarse que el riesgo institucional haya sido plenamente identificado y descartado.
La presentación está firmada por “Madres, padres y familias de la comunidad educativa” del Centro Parroquial de Educación y Cultura “Margarita A. de Paz”, Villa Carlos Paz, Córdoba, con fecha 26 de agosto de 2026. Como documentación que se acompaña, se mencionan la comunicación institucional del 16 de octubre de 2025 y el comunicado del Equipo de Conducción Institucional del 5 de diciembre de 2025.