Los fiscales federales Maximiliano Hairabedián y Pablo Turano solicitaron el sobreseimiento de los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi en la investigación por presunta aceptación de dádivas, tras concluir que el viaje a Punta del Este en un jet privado se realizó en el marco de una relación de amistad. También pidieron el archivo de la denuncia por la causa ‘Molina Herrera’.
Los fiscales federales Maximiliano Hairabedián y Pablo Turano dictaminaron pedir el sobreseimiento de los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi en la causa que investigaba la presunta aceptación de dádivas por un viaje en avión privado a Punta del Este. Además, solicitaron el archivo de la denuncia que los investigaba por presunta manipulación en la conformación del tribunal en la causa ‘Molina Herrera’.
Según el escrito fiscal, el hecho no constituye delito (art. 259 del Código Penal) al constatarse que el viaje y la estadía fueron un obsequio motivado de manera exclusiva por la relación de amistad íntima que une desde hace años a la pareja de magistrados con los empresarios Guillermo Assales y María Pía Astori. La existencia de ese vínculo de afecto personal quedó demostrada con el aporte de chats de WhatsApp, fotografías e itinerarios compartidos.
La causa por dádivas se había iniciado tras comprobarse que en la Semana Santa de 2024 los jueces viajaron a Uruguay en un vuelo particular y se alojaron en Punta del Este. Si bien la fiscalía indagó si el traslado guardaba relación con intereses del grupo empresarial Porta o Astori, el avance de las medidas probatorias cambió la perspectiva de la imputación.
Paralelamente, una respuesta oficial del Consejo de la Magistratura de la Nación aclaró a la Fiscalía que los magistrados no están alcanzados por el régimen de obligatoriedad de registro de viajes privados que rige para los funcionarios del Poder Ejecutivo. No obstante, los fiscales solicitaron remitir las actuaciones al órgano de juzgamiento de jueces para que analice si la conducta merece algún tipo de sanción o reproche ético-disciplinario, dado que en el tribunal tramitaban causas vinculadas a empresas del grupo de sus allegados.
En cuanto a la causa ‘Molina Herrera’, el Ministerio Público Fiscal requirió el archivo de la denuncia iniciada por Celina Laje Anaya, quien sostenía que los camaristas acordaron decretar pases e integraciones fuera de la norma para esquivar la subrogancia legal de la jueza Liliana Navarro. La investigación constató inconsistencias y discordancias entre los movimientos informáticos y la circulación del expediente en papel, pero las declaraciones testimoniales de los secretarios de vocalía (Patricio Furey y Francisco Juárez Rouviere) indicaron que los desajustes no obedecieron a una maniobra delictiva dolosa. Según precisaron los testigos, existían dudas sobre la interpretación del Acuerdo 316/2023 en las primeras aplicaciones de la norma y prácticas administrativas informales habituales en el traspaso de los expedientes físicos entre despachos. Sin evidencia del dolo requerido para el tipo penal, la Fiscalía concluyó que corresponde archivar las actuaciones sin perjuicio de que surjan nuevos elementos.
Esta postura de la fiscalía marca una diferencia sustancial con lo acontecido en las investigaciones relacionadas con maniobras de integración de salas en causas tributarias ligadas a la cerealera Bunge. En esos expedientes (‘Humanes’ y ‘Padilla’), la Fiscalía consideró que la transgresión a la ley de subrogancias fue explícita y directa. Esas actuaciones derivaron en el procesamiento de Abel Sánchez Torres por abuso de autoridad y por lesiones graves calificadas por violencia de género, atribuidas al maltrato, hostigamiento y aislamiento padecido por Laje Anaya tras negarse a avalar los decretos de conformación del tribunal. En esa misma causa, la camarista Graciela Montesi había obtenido la falta de mérito y un sobreseimiento parcial.