Autoridades judiciales y educativas trabajan en conjunto ante más de 60 denuncias por amenazas en establecimientos escolares, subrayando la gravedad penal de estos actos.
La Justicia de Córdoba avanza en la investigación de una creciente ola de amenazas de tiroteos y ataques en establecimientos educativos de distintos puntos de la provincia. Hasta el momento, se han registrado 61 denuncias.
El titular de la Dirección de Control de Educación, Cristian Cariddi, explicó el procedimiento que se sigue ante estos casos. Todo comienza cuando la escuela realiza la denuncia, un paso fundamental si aparece alguna pintada de esta índole. A partir de allí, se establece un trabajo colaborativo con las instituciones para que la policía maneje la información necesaria de cada caso en particular.
La situación se monitorea en conjunto con el Ministerio Público Fiscal. Para muchas escuelas, el tener que vincularse con cuestiones de seguridad es una novedad, por lo que desde la dirección se les brinda información y apoyo. Sin embargo, el área solo toma conocimiento del caso para luego derivarlo a las autoridades correspondientes.
«Se están haciendo las denuncias y los allanamientos en aquellos casos en los que se han identificado a las personas», aclaró Cariddi. Además, se ha dialogado con los estudiantes en las escuelas para que comprendan que una pintada como las registradas «no es una broma, es un delito de amenaza». En esos casos, ya implica la actuación de la Justicia y que la familia sea vinculada al hecho.