La legisladora provincial Karina Bruno presentó un proyecto de resolución para apartar de su cargo al funcionario Marcos Carasso, imputado en una causa por presunta defraudación al PAMI por 1.400 millones de pesos.
La legisladora provincial Karina Bruno, del bloque Córdoba, presentó un proyecto de resolución en la Legislatura para solicitar el apartamiento preventivo de Marcos Carasso de su cargo en el Tribunal de Cuentas de la provincia. La medida se fundamenta en la imputación de Carasso en una causa que investiga una presunta defraudación millonaria contra la obra social de los jubilados (PAMI).
En declaraciones a Ahora Noticias por Canal 10, Bruno afirmó: «Es un funcionario de alto rango de nada menos que el órgano máximo de control de la provincia. Mínimamente no puede estar hoy cumpliendo funciones hasta que la causa judicial avance y se esclarezca la situación».
La investigación judicial apunta a maniobras de sobrefacturación por un monto superior a los 1.400 millones de pesos a través de una empresa denominada Ethical, la cual estaría vinculada al entorno personal o familiar de Carasso. Bruno sostuvo: «Estamos hablando de fondos que deberían ir a cubrir el correcto funcionamiento del PAMI en un momento donde nuestros jubilados están siendo castigados».
La legisladora mencionó medidas de fuerza de profesionales médicos, reclamos de farmacias por atrasos en los pagos y la preocupación de intendentes de la provincia por las deficiencias de la obra social. Además, señaló que los procedimientos ordenados por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, incluyeron allanamientos en las oficinas del propio Tribunal de Cuentas.
«Es lo que ha trascendido y hay una falta de comunicaciones oficiales, de información clara y precisa. ¿Por qué una oficina pública fue allanada? Eso también debe esclarecerse», declaró Bruno, quien indicó que esperó «con prudencia» que el tribunal o Carasso tomaran una decisión voluntaria antes de presentar el proyecto.
Bruno aclaró que su proyecto exige un apartamiento preventivo y no la remoción definitiva. «Tengo una clara diferencia con otros sectores que ante la primera situación se ponen en la tribuna de la moralidad y la ética, juzgan y anticipan criterios. Yo no soy quién para decir si es o no responsable, no tengo los elementos. Pero si está imputado y su lugar de trabajo fue allanado, ser un funcionario de alto rango no te da prerrogativas para trabajar libremente por la justicia; merece un apartamiento», concluyó.