Solo puede haber esta explicación. El exdirector adjunto operativo de la policía (DAO), el alcalde de aquí o el portavoz de allá no pueden ser españoles. Los violadores son los inmigrantes, esos que proceden de culturas en las que «los derechos y la libertad de la mujer brillan por su ausencia».
También puede ser que todos esos cargos públicos acusados de agresiones sexuales sean víctimas de denuncias falsas. Ya se sabe, esas pérfidas mujeres que, gracias a los chiringuitos feministas, se asesoran y se aprovechan de unas leyes que desprotegen a los pobres hombres indefensos. Tan desamparados como, por ejemplo, el DAO. ¿Cómo va a poder un español que luce un uniforme tan honorable violar a una subordinada?
Eso, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que tantos hombres sigan creyéndose impunes? ¿Cómo puede ser que 10 mujeres y dos niños hayan sido asesinados en lo que va de año? ¿Cómo puede ser que el sistema de protección haya fallado en seis de las víctimas que denunciaron? ¿Cuántas agresiones, cuántas muertes hacen falta para concienciarnos de que el machismo corroe nuestra sociedad?
Lo peor no es lo mucho que falta por hacer, sino cómo algunos instrumentalizan la violencia machista. Desde vinculándola a la inmigración con el único fin de alimentar la xenofobia hasta magnificando las denuncias falsas para criminalizar a las mujeres. Entre 2009 y 2024, la Fiscalía ha investigado el 0,018% del total de denuncias y los tribunales han condenado a 189 mujeres por este delito. Es decir, el 0,008% de todas las denuncias han sido consideradas falsas. No se trata de negar su existencia, sino de preguntarnos por qué una cantidad tan irrisoria recibe tanta atención política y mediática.
Hay una narrativa ultra que no tiene fronteras. Fijémonos en Argentina. Javier Milei llegó al poder señalando el feminismo como uno de sus enemigos. Le bastaron unos meses para desmantelar décadas de políticas de atención a las víctimas de la violencia machista. Una de sus primeras decisiones fue eliminar el Ministerio de Igualdad y la Mujer. Los recortes en las políticas de género han sido una constante. Ha anunciado su voluntad de eliminar del Código Penal la figura del feminicidio, lo que representa negar la violencia machista estructural y dificultar su cómputo. Ahora, amenaza con aumentar las penas por «falsas denuncias» hasta tres años de prisión. ¿Cuál es la realidad? Observatorios independientes están detectando un aumento de feminicidios y advierten que, ante el temor de no ser creídas, las víctimas serán más reacias a denunciar. Pero nada de esto importa a la estrategia ultra. Se trata de seguir alimentando la polarización, aquella que atrae a los hombres jóvenes y fideliza a los conservadores.
Un último apunte, como ha señalado Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, la denuncia de una de las mujeres asesinadas en este 2026 fue archivada. Según los razonamientos del machismo, se trataría de una «denuncia falsa».