En pleno debate parlamentario por el régimen penal juvenil, el diputado nacional y exgobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad (Innovación Federal) fijó posición sobre uno de los puntos más sensibles de la discusión: el impacto económico que tendría la implementación de la ley en las provincias.
Desde el recinto de la Cámara de Diputados, el legislador manifestó su expectativa por avanzar con la normativa, aunque remarcó que cualquier cambio debe estar acompañado de financiamiento nacional específico.
Herrera Ahuad sostuvo que la discusión no debe reducirse a una mirada ideológica, sino abordarse como una problemática real que atraviesa a la Argentina y a otros países. En ese sentido, recordó que Brasil mantiene sin cambios la edad de imputabilidad bajo gobiernos de distinto signo político y que Chile también debate actualmente el tema. El diputado explicó que ve en el proyecto la posibilidad de abordar la problemática juvenil de forma integral, más allá del castigo penal. “No es por la cuestión de la cárcel o la punibilidad de un menor, sino porque veía en este proyecto una gran posibilidad de abordar una problemática de manera seria e igualitaria”, afirmó.
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Un abordaje integral con equipos especializados
El legislador señaló que el debate público suele centrarse en casos de alto impacto mediático, cuando en realidad los delitos cometidos por menores son situaciones cotidianas en todas las provincias. Por eso, valoró que el proyecto contemple la creación de equipos multidisciplinarios para atender problemáticas vinculadas a la juventud, como adicciones, falta de contención familiar y situaciones de vulnerabilidad.
En esa línea, insistió en que el objetivo no debe ser el encarcelamiento, sino la atención integral del menor. “No es que uno quiere que ese chico vaya preso, quiere que sea atendido”, remarcó. Sin embargo, advirtió que la puesta en marcha del sistema implicará un alto costo estructural. Según detalló, cada dispositivo demandará entre 50 y 60 profesionales, además de infraestructura y recursos permanentes.
El reclamo por financiamiento nacional
El eje central de su intervención estuvo puesto en el aspecto presupuestario. Herrera Ahuad cuestionó que se exija a las provincias implementar políticas complejas sin garantizar los recursos necesarios. “No se puede tener un equipo multidisciplinario capacitado sin asignación de presupuesto. Este proyecto de ley lleva a un gasto social muy alto para las provincias”, advirtió.
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El diputado también marcó una contradicción fiscal: mientras se promueve la reducción del gasto público, se transfieren nuevas responsabilidades a las provincias, que ya sostienen áreas clave como salud, educación, seguridad y obra pública con recursos cada vez más limitados.
Por ese motivo, desde su espacio propusieron que la ley incluya una asignación presupuestaria específica y taxativa, destinada exclusivamente a garantizar la implementación del régimen penal juvenil en todo el país.
Herrera Ahuad concluyó que el objetivo es evitar que la norma se convierta en una herramienta de negociación política y garantizar que todas las provincias puedan aplicar el sistema de forma equitativa. “No quiero que esto sea una moneda de cambio. Debe ser claro, concreto y garantizar igualdad en todo el país”, cerró.