Un escándalo judicial alcanza de cerca a Estudiantes de La Plata. La Justicia Federal de la capital bonaerense avanzó sobre el patrimonio de tres empresarios locales investigados en una causa por facturación apócrifa por más de $4.000 millones y ordenó el embargo de varios bienes, entre ellos dos palcos del estadio. Uno estaría vinculado a Agustín Alayes, actual director deportivo del club.
El juez federal Ernesto Kreplak dictó el procesamiento —sin prisión preventiva— de Juan Manuel Formino (42), sobrino de la contadora Natalia Romina Foresio; José María Spinelli (54); y Joaquín Nicolás Hoz (31), familiar de Spinelli. La medida judicial incluyó embargos que van desde los $20.000 hasta los $50.000 millones, además de la incautación de distintos bienes para garantizar el resarcimiento del daño fiscal.
De acuerdo a la investigación, los acusados habrían integrado una red que, entre 2020 y 2024, emitió facturas falsas por más de $4.000 millones, con el objetivo de generar créditos fiscales ilegítimos que les permitieran evadir impuestos y lavar activos. Se los acusa de montar “un esquema de facturación apócrifa para el aprovechamiento potencial de usuarios que artificialmente disminuirían las bases imponibles tanto del Impuesto a las Ganancias como del Impuesto al Valor Agregado”.
Dentro del listado de bienes embargados aparecen “los Palcos N° 307 y N° 426 existentes en el estadio del Club Estudiantes de La Plata”, los cuales, según publicó el diario platense El Día, pertenecerían a las familias de Spinelli y de Agustín Alayes, director deportivo de la institución que preside Juan Sebastián Verón.
La resolución judicial también alcanza otros bienes como “las 15 unidades funcionales del predio Madero Harbour SA”; “el departamento adquirido a la firma El Nido BH correspondiente a la unidad funcional perteneciente al edificio a construirse sito en la calle Zapata 359 y 369 de CABA”; y “las parcelas de viñedo compradas a nombre de Juan Manuel Formino y Micaela Spinelli, hija de José María Spinelli, a la firma Vino Tourism Argentina SRL”.
Asimismo, se ordenó el embargo del “sistema financiero de las cuentas de Captain Hops SAS, Bakim SRL SAS y Kristal Nortte SAS, hasta cubrir la suma de diez mil millones de pesos” y de dos vehículos: “la camioneta marca Toyota, modelo Hilux, dominio colocado AA354NA” y “del vehículo marca Volkswagen modelo Golf dominio colocado AE588KV”.
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Natalia Foresio, la implicada con mayor responsabilidad en la causa
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La principal figura señalada en el expediente es Natalia Foresio, quien fue detenida en mayo y actualmente cumple prisión domiciliaria. De acuerdo con los investigadores, la organización habría operado mediante empresas fantasma y testaferros, y mantenía vínculos con la gestión municipal anterior encabezada por Julio Garro, a través de adjudicaciones y concesiones otorgadas durante su administración.
La causa se encuentra en trámite en el Juzgado Federal N°3 de La Plata. El juez Ernesto Kreplak ordenó 17 allanamientos realizados en la ciudad de Buenos Aires, distintas localidades de la provincia y en Córdoba. También dispuso un embargo sobre los bienes de Foresio por un total de $50.000 millones.
En el marco del procesamiento —que contó con la intervención de Gendarmería Nacional y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)— se incautaron $199.492.700 en efectivo, USD 357.153, 1.090.180 pesos uruguayos, €13.070, R5171 y £3100, además de dos vehículos, 16 teléfonos celulares, 15 notebooks, un servidor, dos tablets, 12 dispositivos de almacenamiento, tres armas de fuego y 34 municiones de distintos calibres.
Los dos niveles en los que avanza la investigación
La causa judicial se desarrolla en dos planos claramente diferenciados:
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Asociación ilícita fiscal, presuntamente liderada por Natalia Foresio, quien habría operado a través de “usinas” —empresas sin capacidad operativa real— para emitir facturación apócrifa. El objetivo: reducir cargas tributarias y canalizar fondos no declarados.
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Lavado de activos, encabezado por José María Spinelli (como jefe), Juan Manuel Formino (organizador) y Joaquín Nicolás Hoz (miembro), utilizando firmas como BAKIM SRL, Kristtal Nortte SAS y Captain Hops SAS para mover dinero ilícito, simular operaciones comerciales y financiar gastos personales.
Según la investigación, entre 2020 y 2024, BAKIM SRL habría recibido más de $2.200 millones en efectivo, emitido más de 13.000 cheques al portador y realizado múltiples operaciones sin justificación comercial con clientes y proveedores vinculados.
El juez Ernesto Kreplak ordenó embargos récord sobre los principales implicados: $50.000 millones para Spinelli, otros $50.000 millones para Formino y $20.000 millones para Hoz. La medida afecta una extensa lista de bienes, entre los que se destacan:
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Doce departamentos en el complejo Osten Towers (La Plata), valuados en U$S1.915.040: ocho a nombre de BAKIM SRL y cuatro de Formino.
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Un departamento en El Nido BH (CABA), adquirido por $32 millones y U$S30.000, registrado a nombre de la esposa de Spinelli.
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Una parcela de viñedos en Mendoza, propiedad de Formino y Micaela Spinelli.
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Una nave industrial en el Parque Industrial II de Moreno, comprada por U$S300.000 y luego vendida por U$S720.000.
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Una camioneta Toyota Hilux registrada por Captain Hops SAS, con cédulas a nombre de Spinelli, sus hijas y Hoz.
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Transferencias bancarias por más de $50 millones al Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza y a distintos futbolistas.
El expediente será ahora revisado por la Cámara Federal de La Plata, que analizará las apelaciones presentadas por las defensas. En paralelo, los investigadores buscan ampliar la pesquisa hacia otras empresas satélite y presuntos testaferros. Mientras tanto, los bienes embargados —incluidos los palcos del estadio UNO de Estudiantes— continuarán bajo control judicial, como garantía ante un eventual decomiso o resarcimiento fiscal.
¿Cómo comenzó la investigación?
La causa se inició en mayo de 2024 a partir de una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), que detectó un esquema de facturación apócrifa cuyo fin era permitir que ciertos contribuyentes redujeran artificialmente las bases imponibles del impuesto a las ganancias y del IVA.
En la presentación, se advierte que la empresa señalada “no tendría la capacidad económica y financiera necesaria acorde con la facturación emitida y recibida”.
De acuerdo con los expedientes, Natalia Foresio habría emitido comprobantes falsos para generar créditos fiscales en nombre de los contribuyentes que representa, respaldando así la emisión de facturas electrónicas con el fin de evitar saldos a pagar en concepto de IVA.
Además, se indica que la contadora emitió notas de crédito apócrifas con el propósito de eludir los sistemas automáticos de detección de la ARCA y extender aún más el rango de crédito fiscal para sus clientes.
En su resolución, el juez Ernesto Kreplak afirmó: “Se ha constatado que los imputados utilizaron el dinero obtenido de las maniobras ilícitas, no solo insertándolo en el mercado formal con apariencia de licitud, sino también se obtuvo que han adquirido bienes a título personal”. Entre los acusados figura también el padre del futbolista de Gimnasia, Luis Cortazzo.
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