El juez federal Martín Cormick hizo lugar a los amparos del CIN y la UBA y ordenó al Poder Ejecutivo aplicar la normativa. El Gobierno anunció que apelará el fallo.
Buenos Aires. El juez federal Martín Cormick hizo lugar ayer a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el Estado nacional, declarando inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que suspendía la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. En consecuencia, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenó al Poder Ejecutivo poner en marcha de inmediato la normativa que regula los fondos para la educación superior.
La resolución judicial cuestionó la frase “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629” de Administración Financiera, incluida en el decreto con el que el Gobierno promulgó la ley 27.795. Dicho punto había condicionado la aplicación de la norma a que el Congreso definiera las fuentes de recursos y las incorporara al presupuesto nacional. El magistrado sostuvo que el decreto funcionó como una herramienta para detener la vigencia de una ley ratificada por el Parlamento tras rechazar el veto presidencial.
El Gobierno apelará
Por su parte, el Gobierno nacional adelantó que apelará el fallo en los próximos días para evitar afrontar el gasto no previsto, que según estimaciones oficiales superaría un billón de pesos. Mientras la Procuración del Tesoro planifica los pasos legales a seguir, las casas de altos estudios convocaron a una nueva marcha federal para el próximo 15 de octubre en reclamo de la efectiva aplicación de los fondos destinados a salarios, becas, investigación y hospitales universitarios.