El Juzgado Civil de Villa Carlos Paz condenó al gobierno provincial a indemnizar a una víctima de abuso sexual por una causa que permaneció paralizada durante 17 años. El monto total supera los $222 millones e incluye intereses, costas y honorarios.
El Juzgado Civil de Villa Carlos Paz condenó al gobierno provincial a indemnizar a una víctima de abuso sexual con una suma que supera los $222 millones de pesos, por una causa que estuvo paralizada durante 17 años y que culminó en la condena penal de un dirigente peronista de Traslasierra.
La resolución judicial determinó que existió una “falta de servicio” y una dilación injustificada por parte de los operadores judiciales de Villa Dolores, quienes mantuvieron el expediente archivado e inactivo durante casi dos décadas.
El fallo fue dictado por la jueza Viviana Rodríguez, quien se hizo cargo de la causa luego de que múltiples magistrados de la zona de Traslasierra se inhibieran de intervenir.
Una demora de 17 años y la condena penal tardía
Los hechos se remontan a 2005, cuando la víctima, identificada por sus iniciales M.A.R., denunció los abusos sexuales sufridos durante su minoría de edad a manos de Hugo Roberto Clavero, expresidente de la Cooperativa Cemdo, referente departamental del Partido Justicialista y estrecho colaborador del exlegislador Oscar González.
Pese a la gravedad de la denuncia, el expediente permaneció paralizado durante 17 años y recién fue reactivado en 2022. Finalmente, en 2024, la Cámara del Crimen sentenció a Clavero a 28 años de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado y corrupción de menores. En ese mismo juicio penal, la madre de la víctima, Analía Montenegro, recibió una pena de 16 años de cárcel en calidad de partícipe necesaria y por falso testimonio.
Los fundamentos del fallo civil
En su resolución, la jueza Rodríguez subrayó que la parálisis judicial vulneró el derecho de acceso a la justicia de la víctima, y recordó el estándar de debida diligencia reforzada que el Estado debe garantizar frente a delitos de abuso sexual en las infancias.
Monto a favor de la víctima: se fijó una base de $59,8 millones por daño moral computada desde el momento de los hechos, cifra que con la actualización de intereses alcanza los $162.151.385,18.
Monto global: con la adición de los honorarios fijados para abogados y peritos, la erogación total que deberá afrontar la Provincia asciende a $222.707.598,15.
Funcionarios en la mira y vía penal abierta
La demanda civil, impulsada a comienzos de 2025 por los letrados Emiliano Binante y Germán Romero Marcón, apuntó contra cinco funcionarios judiciales que intervinieron en los tribunales de Villa Dolores a lo largo del proceso:
- Ricardo Ramón Romero Uez y Noemí Cattalina Bobbio de Bereta (ambos actualmente jubilados).
- Sergio Cuello y Raúl Alejandro Castro (actuales fiscales de Cámara en Villa Dolores).
- Lucrecia Zambrana (fiscal de instrucción en la misma circunscripción).
En paralelo, avanza una investigación penal a cargo de la fiscal de Villa Cura Brochero, Analía Gallaratto, destinada a determinar si los magistrados y funcionarios incurrieron en delitos de acción pública como incumplimiento de los deberes o encubrimiento.
“El Estado fue condenado por el encubrimiento y la actuación irregular de funcionarios de turno. Cuando estos errores u omisiones son pagados con recursos públicos, no pagan los responsables con su patrimonio: lo pagamos todos los cordobeses”, declaró el abogado querellante Emiliano Binante, quien reclamó mayores estándares de idoneidad y responsabilidad en el Poder Judicial.