El proyecto del Gobierno nacional para modificar el régimen de tierras rurales será tratado legislativamente el 6 de agosto. Organizaciones sociales y referentes del peronismo convocan a una movilización en rechazo.
El proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de tierras rurales volverá al centro de la escena política el próximo 6 de agosto, fecha prevista para su tratamiento legislativo. Mientras tanto, organizaciones sociales, dirigentes del peronismo, especialistas y referentes académicos comenzaron a convocar a una movilización para ese día en rechazo a la iniciativa, al considerar que podría facilitar la extranjerización de tierras estratégicas del país.
Uno de los principales insumos del debate será el mapa interactivo del Observatorio de Tierras, construido a partir de información pública del Registro Nacional de Tierras Rurales y otras bases oficiales. La herramienta permite visualizar la localización de tierras en manos extranjeras y su superposición con recursos considerados estratégicos, como cursos de agua, acuíferos, bosques nativos, áreas de frontera, zonas con potencial minero y corredores logísticos.
Según el Observatorio, alrededor del 5% del territorio argentino, equivalente a más de 13 millones de hectáreas, se encuentra en manos de propietarios extranjeros. Los investigadores sostienen que el dato nacional adquiere mayor relevancia cuando se analiza la concentración en determinadas provincias y departamentos vinculados a recursos naturales y áreas sensibles para la soberanía territorial.
El proyecto que impulsa el Gobierno forma parte de la denominada ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» e introduce modificaciones a la Ley de Tierras Rurales N.º 26.737, sancionada en 2011.
Desde el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del PRIHA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, sostienen que los cambios propuestos reducen la capacidad del Estado para regular la propiedad rural y podrían favorecer una mayor concentración de la tierra y el ingreso de capitales extranjeros en sectores estratégicos.
En cambio, el oficialismo sostiene que la iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad privada y promover inversiones productivas. Ese contrapunto ya comenzó a trasladarse al Congreso, donde el proyecto genera posiciones encontradas entre distintos bloques políticos.
El tema ya fue analizado en una reunión informativa de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, donde investigadores del CONICET y especialistas expusieron los principales resultados del cuarto informe del Observatorio de Tierras y advirtieron sobre el impacto que, a su criterio, podría tener la reforma en materia de soberanía, acceso al territorio y preservación de bienes comunes.
Por su parte, el Partido Justicialista nacional recibirá al exministro de Agricultura Julián Domínguez, quien presentará un informe técnico y jurídico sobre el proyecto oficial. La exposición abordará el marco legal vigente, la visión histórica del peronismo sobre la propiedad de la tierra y un relevamiento actualizado elaborado por el Observatorio de Tierras, que identifica la presencia de propietarios extranjeros en distintas regiones del país.
Con el tratamiento previsto para el 6 de agosto, el debate se perfila como uno de los ejes políticos de las próximas semanas. Mientras el Gobierno defiende la reforma como una herramienta para impulsar inversiones, sectores académicos, organizaciones sociales y referentes del peronismo preparan una movilización y buscan instalar la discusión sobre quién controla la tierra y los recursos estratégicos de la Argentina.