La Cámara Federal de Casación rechazó el recurso extraordinario de la defensa de la ex presidenta para que la Corte Suprema revise las condiciones de su prisión domiciliaria en la Causa Vialidad.
La Cámara Federal de Casación hizo pública este viernes su decisión de rechazar el recurso extraordinario presentado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara las condiciones de su prisión domiciliaria. La defensa solicitaba la quita de la tobillera electrónica, la ampliación del régimen de visitas y la utilización de la terraza del departamento ubicado en San José 1111, barrio de Constitución.
En el marco de la Causa Vialidad, el tribunal declaró inadmisible el recurso, señalando que no cumplía con los requisitos legales necesarios para ser evaluado por el máximo tribunal de Justicia.
El juez Gustavo Hornos argumentó que la decisión no era de carácter definitivo y que la defensa no había logrado demostrar la existencia de un agravio irreparable. Además, subrayó que las condiciones de la prisión domiciliaria eran una respuesta lógica y revisable por parte del juez asignado al caso.
El magistrado Diego Barroetaveña manifestó que los argumentos presentados por la defensa no demostraban una vulneración concreta de derechos constitucionales, sino que se basaban en desacuerdos con decisiones de otras instancias judiciales.
En un voto minoritario, el juez Mariano Borinsky mostró su desacuerdo con la mayoría, argumentando que sí existían cuestiones constitucionales en el recurso. Señaló que las restricciones impuestas respecto al uso de la tobillera y el régimen de visitas podrían afectar derechos fundamentales, como la privacidad, la intimidad y la igualdad ante la ley.
Con esta resolución, se mantienen las condiciones de la prisión domiciliaria que le fueron impuestas a Cristina Fernández de Kirchner en junio del año pasado en el marco de la sentencia por la Causa Vialidad, que determinó una pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La defensa de la ex presidenta aún tiene la posibilidad de presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema, lo que podría abrir la puerta a una revisión de su situación judicial.