La Legislatura provincial sancionó este miércoles una normativa que establece herramientas de intervención sobre inmuebles vinculados al narcotráfico, impulsada por el gobernador Martín Llaryora.
La Unicameral de Córdoba aprobó este miércoles el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantadero impulsado por el gobernador Martín Llaryora. La iniciativa establece herramientas de intervención sobre inmuebles utilizados para la comercialización de droga, actividades delictivas y abandono.
La normativa crea un régimen administrativo y judicial específico para actuar sobre dichos inmuebles. Entre las medidas que se podrán adoptar figuran cerramientos, clausuras provisorias, tapiados, bloqueos de accesos, custodia o aseguramientos.
La Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos serán los organismos que funcionarán con la promulgación de la ley para articular el trabajo del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la Policía de Córdoba y los gobiernos locales.
Otro aspecto central de la propuesta establece un esquema para la administración de los recursos provenientes de bienes decomisados en causas vinculadas al narcotráfico. El sesenta por ciento de esos recursos será destinado al fortalecimiento operativo, logístico, tecnológico y de equipamiento de la FPA, mientras que el cuarenta por ciento restante financiará programas de prevención y abordaje integral de las adicciones impulsados por el Ministerio de Justicia y Trabajo.