El máximo tribunal dejó firme una medida cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar los artículos de la Ley 27.795 sobre salarios y becas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que ordena al Gobierno nacional cumplir con los artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y se dio a conocer este jueves.
La medida cautelar había sido dictada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. La Procuración del Tesoro de la Nación presentó un recurso ante la Corte para intentar revertirla, pero el tribunal rechazó el planteo y confirmó la vigencia de la cautelar.
La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso de la Nación a finales de 2025 y luego vetada por el presidente Javier Milei. El presidente sostuvo que la norma no establecía las fuentes de financiamiento necesarias y acusó a los legisladores de promover un «golpe de estado» al sancionar leyes que «torpedeaban el equilibrio fiscal».
El 10 de junio pasado el Gobierno anunció un acuerdo con las universidades nacionales que incluyó un incremento del 24% en los fondos destinados a las casas de altos estudios, así como aumentos en las becas Manuel Belgrano, en los hospitales universitarios y en las capacitaciones. No obstante, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios docentes y no docentes señalaron que mantenían el reclamo judicial.