El gobernador Martín Llaryora firmó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, que establece un régimen administrativo y judicial para intervenir sobre inmuebles vinculados a actividades delictivas o en estado de abandono.
El gobernador Martín Llaryora firmó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos destinado a dotar al Estado de una herramienta legal específica para intervenir sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono, representen un riesgo para la seguridad pública y la convivencia ciudadana.
La iniciativa establece un régimen administrativo y judicial que permitirá actuar sobre bienes que funcionen como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, así como sobre inmuebles abandonados, desocupados o en estado de deterioro que faciliten la comisión de ilícitos o generen situaciones de peligro para la comunidad.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, en diálogo con Canal 10, afirmó que “acortará los pasos administrativos y judiciales para desalojos o derribos”.
El proyecto prevé un procedimiento de intervención temprana, con actas de constatación, informes técnicos, resoluciones fundadas y la posibilidad de adoptar medidas preventivas como el cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles, respetando el debido proceso y las competencias judiciales.
Cuando la complejidad del caso lo requiera, especialmente en situaciones vinculadas al narcotráfico, la Justicia podrá ordenar medidas como desalojos, demolición de construcciones utilizadas para la comercialización de drogas o la restitución de inmuebles a sus legítimos propietarios.
En cuanto al destino de los fondos obtenidos, el 60 por ciento será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico, logístico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), mientras que el 40 por ciento restante financiará programas y políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Justicia y Trabajo para la prevención y el abordaje del narcotráfico.
Además, el proyecto crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que coordinarán acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Policía de Córdoba y los municipios y comunas.
La iniciativa invita a los gobiernos locales a adherir al nuevo régimen y a celebrar convenios de cooperación para ejecutar las intervenciones en el territorio, fortaleciendo el trabajo conjunto en la recuperación de espacios utilizados por organizaciones delictivas.