Un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y Trabajo y el Colegio de Agrimensores permitirá realizar mensuras sin costo para personas que no puedan afrontar los gastos exigidos por la Ley de Saneamiento de Títulos.
El Ministerio de Justicia y Trabajo de Córdoba y el Colegio de Agrimensores de la Provincia firmaron un convenio destinado a agilizar y facilitar los procesos de regularización dominial de inmuebles urbanos y rurales, especialmente para familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica.
El acuerdo se enmarca en las acciones previstas por la Ley Provincial 9.150 de Saneamiento de Títulos y contempla que el Estado provincial asuma el costo de los honorarios profesionales necesarios para confeccionar los planos de mensura requeridos en los trámites de anotación ante el Registro de Poseedores.
La firma fue encabezada por el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, y el presidente del Colegio de Agrimensores de Córdoba, Omar Belisle. También participaron el secretario de Justicia, Leandro Goria, y la presidenta de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos (UEST), Irene Gabutti.
Según establece el convenio, los profesionales que realicen las mensuras serán seleccionados y supervisados por el Colegio de Agrimensores. Además, se fijaron pautas operativas, valores de referencia y mecanismos de pago vinculados al avance de las tareas técnicas.
Desde la UEST explicaron que uno de los principales obstáculos para acceder al saneamiento dominial es el costo de los planos exigidos por la legislación vigente. Por ese motivo, el acuerdo permitirá que personas sin recursos puedan completar el trámite sin afrontar ese gasto.
“Este convenio permite articular con el Colegio de Ingenieros Agrimensores para que sean ellos quienes realicen las mensuras requeridas para la anotación en el Registro de Poseedores, en los casos en que los ciudadanos no puedan afrontar esos costos”, señaló Gabutti.
La funcionaria agregó que se establecieron valores especiales para honorarios y gastos generales, teniendo en cuenta el interés social de los trámites, la situación económica de los beneficiarios y la necesidad de ampliar el alcance de la política pública.
La Ley 9.150 exige la presentación de un plano confeccionado por un profesional habilitado en agrimensura, donde consten las medidas, superficie, linderos y ubicación del inmueble, además de su identificación catastral y registral. Con este nuevo mecanismo, la Provincia busca ampliar el acceso a la regularización de viviendas y terrenos, fortaleciendo la seguridad jurídica de miles de familias.