El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para derogar la Ley 27.642 de Etiquetado Frontal. Más de 300 organizaciones de la sociedad civil y la academia manifestaron su oposición a la iniciativa.
El Gobierno nacional formalizó el envío de un nuevo paquete de leyes al Congreso. La primera iniciativa propone la derogación total de la Ley 27.642, conocida como Ley de Etiquetado Frontal. El proyecto ingresó para su debate en el Senado con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud, Mario Lugones.
En los fundamentos del texto oficial, el Ejecutivo sostuvo que tras su aplicación se detectaron «diversas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas» que justifican la derogación de la normativa.
Más de 300 organizaciones de la sociedad civil y de la academia rechazan la iniciativa. Según un comunicado conjunto, la derogación «podría eliminar una política integral diseñada específicamente para proteger la salud de la población —especialmente la de niños, niñas y adolescentes— y el acceso a la información de las y los consumidores».
Entre las organizaciones que expresaron su rechazo se encuentran Fundación SANAR, Fundeps, FIC Argentina, Consciente Colectivo y FAGRAN.
«Un ataque directo al derecho a la información y a la salud», afirmaron en el texto conjunto. «La Ley N° 27.642 no solo establece sellos de advertencia en los envases; también regula la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a infancias, promueve entornos escolares saludables y prohíbe estrategias de marketing en alimentos con excesos. Su eliminación implicaría desmantelar por completo el sistema de protección de manera inmediata», agregaron.
Según un relevamiento propio de las organizaciones, «el 90% de las personas coincide en que los sellos negros permiten identificar de forma rápida y sencilla los productos poco saludables».
El objetivo planteado por el Gobierno nacional es derogar el esquema rígido actual y avanzar hacia un nuevo modelo que sea «más preciso, contextualizado y científicamente consistente», adaptado a los esquemas de información nutricional armonizados dentro del Mercosur.
El proyecto cuenta con un articulado breve: el primer artículo establece la derogación total de la norma y el segundo fija su entrada en vigencia inmediata a partir de su publicación en el Boletín Oficial. El Ejecutivo solicitó a las cámaras un «pronto tratamiento y sanción».