Investigan el patrimonio digital de Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

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La Justicia federal analiza movimientos con criptomonedas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Los primeros reportes detectaron transacciones en activos digitales, aunque de montos menores a los flujos de efectivo ya investigados.

La Justicia federal comenzó a analizar los primeros reportes vinculados a la actividad financiera digital del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito, y detectó movimientos con criptomonedas.

El fiscal Gerardo Pollicita recibió respuestas de diversas plataformas operadoras de criptomonedas y billeteras virtuales, tras las órdenes libradas para rastrear el patrimonio del funcionario. Según fuentes judiciales, los informes preliminares habrían detectado transacciones en activos digitales, aunque los montos consignados hasta el momento serían de una cuantía inferior respecto a los flujos de dinero en efectivo que ya forman parte del expediente.

Los investigadores no descartan que estos hallazgos sean solo la superficie de una operatoria mayor, por lo que se evalúa solicitar estudios de trazabilidad técnica para determinar el origen y el destino final de esos fondos electrónicos.

La causa, que se tramita en el juzgado de Ariel Lijo, tomó impulso hace poco más de un mes cuando se dispuso el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal no solo de Adorni, sino también de su esposa, Bettina Angeletti, y de las firmas AS Innovación Profesional y la consultora MasBe.

A instancias de la fiscalía, el Banco Central ya fue requerido para aportar un detalle exhaustivo de todos los productos financieros (cajas de seguridad, plazos fijos, préstamos y tarjetas) registrados a nombre de los imputados desde enero de 2022. La lupa de Comodoro Py busca ahora cruzar esos datos con la información proveniente del ecosistema Fintech, para determinar si existe una inconsistencia insalvable entre el patrimonio declarado y el nivel de gastos y ahorros del jefe de ministros.

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