El jury de enjuiciamiento contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro entró en su etapa definitoria. Este miércoles, el tribunal evalúa su responsabilidad por presunto mal desempeño en la investigación del femicidio de Nora Dalmasso.
El jury de enjuiciamiento contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro entró en su etapa definitoria. Tras una intensa etapa testimonial en la Legislatura de Córdoba, que incluyó la declaración de los tres acusados, de peritos y de testigos clave, el proceso pasó a cuarto intermedio y se reanuda para dar paso a los alegatos finales.
Este miércoles, el tribunal evalúa la responsabilidad de los funcionarios judiciales por presunto mal desempeño y negligencia grave en la instrucción del femicidio de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en la ciudad de Río Cuarto.
Durante el desarrollo de las audiencias que se llevaron a cabo desde fines de abril, el debate se centró en la gestión de las distintas líneas investigativas y el manejo de las pruebas a lo largo de las casi dos décadas que lleva la causa. Entre los testimonios más resonantes se destacó la declaración de Marcelo Macarrón, quien apuntó duramente contra el accionar de los fiscales a lo largo de los años.
A su vez, se analizó el hallazgo de un perfil genético que se sumó al expediente y que reabrió las discusiones en torno al sospechoso clave del caso. El fiscal Pablo Jávega había advertido previamente sobre la legalidad de las pericias genéticas que apuntan a Roberto Bárzola, mientras que las defensas de los fiscales sostuvieron que se abordaron todas las hipótesis posibles durante sus respectivas gestiones.
Por su parte, la representación de la familia de la víctima ha insistido en que existieron graves errores y omisiones que permitieron que el crimen continúe impune hasta el día de hoy. Tras las exposiciones de las partes, el jurado se encamina a emitir su veredicto.
La definición será crucial para el Poder Judicial, ya que determinará si los funcionarios continúan en sus cargos o si el Estado los destituye por su desempeño en una de las causas más emblemáticas y controvertidas de la provincia.