Una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, que niega la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados y temporales, genera debate por sus posibles consecuencias económicas y sociales a largo plazo para Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 20 de enero de 2025 una orden ejecutiva que niega la ciudadanía estadounidense a los bebés nacidos de padres indocumentados y a los hijos de residentes legales temporales, como estudiantes y ciertos trabajadores extranjeros. La Corte Suprema escuchó argumentos sobre la medida el 1° de abril y se espera su fallo para junio.
Según análisis de centros de estudio, esta política podría tener repercusiones significativas. Un estudio del Center for Migration and Development de la Princeton University proyecta que, en un horizonte de 100 años, los ciudadanos nacidos bajo las reglas actuales aportarían al menos 7.7 billones de dólares al PIB. Restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento implicaría, según el estudio, perder cerca de 400,000 trabajadores altamente calificados en las próximas décadas y más de un billón de dólares en contribución económica.
El Migration Policy Institute estima que, de derogarse la base legal de la ciudadanía por nacimiento, la población indocumentada aumentaría en 2.7 millones en 20 años, ya que cada año nacerían unos 255,000 niños sin estatus legal. Esto crearía, según los analistas, una clase social sin acceso a beneficios gubernamentales, con dificultades para educación superior y trabajo legal.
Paralelamente, siete estados están considerando legislación que prohibiría a niños indocumentados asistir a escuelas públicas, un desafío a un fallo de la Corte Suprema de 1982.
Expertos señalan que esta medida podría afectar la capacidad de Estados Unidos para atraer talento global, en un contexto donde países como China priorizan la calificación de su población. La ciudadanía por nacimiento ha sido históricamente un factor de estabilidad para profesionales que buscan radicarse a largo plazo.