El Colegio de Abogados y el Consejo de Médicos trabajan en una guía de buenas prácticas para unificar criterios en la asignación de apoyos, buscando reducir la burocracia y la judicialización.
En un contexto de creciente judicialización y burocracia en el área de la salud, el Colegio de Abogados de Córdoba y el Consejo de Médicos de la Provincia desarrollan una iniciativa inédita a nivel nacional. Ambas instituciones elaboran una guía de buenas prácticas destinada a unificar los criterios para el otorgamiento de apoyos y prestaciones a personas con discapacidad, con el fin de agilizar trámites que suelen demorarse.
La herramienta propone un cruce entre la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la OMS y el sistema normativo argentino. Su objetivo principal es evaluar a cada persona desde sus capacidades reales y su contexto social, garantizando una asignación de recursos justa y eficiente.
La abogada Marta Lastra, en declaraciones a Canal 10, advirtió sobre la fragilidad del sector. Señaló que en Córdoba cerca de 220.000 personas poseen el Certificado Único de Discapacidad y que gran parte de esta población depende de pensiones no contributivas, enfrentando un sistema público saturado. «En el sistema público no hay ningún hospital que pueda brindar todos los servicios que necesita una persona con discapacidad y estas personas tampoco pueden acceder a pagar el sector privado. Quedan en un completo abandono», afirmó.
El proyecto busca fortalecer la intervención profesional mediante equipos interdisciplinarios para lograr una respuesta más humanizada y menos litigiosa. Como complemento, el Colegio de Abogados dicta un Posgrado en Discapacidad y Derecho, formando a profesionales en capacidad jurídica y sistemas de apoyo.