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La automotriz china fue incluida y luego retirada de un registro oficial brasileño tras una inspección que reveló condiciones laborales precarias en su planta de Camaçari. Un juez ordenó la medida cautelar, aunque el caso administrativo y una demanda millonaria continúan.
La empresa automotriz china BYD se vio involucrada en una controversia legal en Brasil. El 7 de abril de 2026, el Ministerio de Trabajo de ese país incluyó a la compañía en su «lista sucia», un registro de empleadores acusados de someter a trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud. Sin embargo, la permanencia en el listado duró 48 horas, ya que un juez ordenó su retiro provisional mediante una medida cautelar.
El origen del caso se remonta a diciembre de 2024, cuando una inspección sorpresa en la futura planta de BYD en Camaçari, estado de Bahía, rescató a 224 trabajadores chinos que vivían en condiciones insalubres. Según los informes, hasta 31 hombres compartían una vivienda con un solo baño, y la comida se almacenaba en el suelo junto a sus pertenencias. Estos obreros estaban contratados para la construcción de la que sería la planta más avanzada de BYD fuera de China.
Ante las acusaciones, BYD rescindió el contrato con la constructora Grupo Jinjiang, responsable directa de la contratación de la mano de obra. La automotriz manifestó que «no tolera faltas de respeto a la dignidad humana» y afirmó haber realizado revisiones previas a las obras.
El juez Luiz Fausto Marinho de Medeiros fundamentó el retiro cautelar de la lista argumentando que BYD no era el empleador directo de los trabajadores afectados. No obstante, inspectores laborales sostienen que la empresa es «directamente responsable» por permitir estas violaciones en sus instalaciones.
La planta de Camaçari, ubicada en las antiguas instalaciones de Ford, fue inaugurada en octubre de 2025 con la presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. BYD y sus contratistas acordaron pagar 40 millones de reales en compensaciones, pero aún enfrentan una demanda por daños de 50 millones de dólares por tráfico de personas y esclavitud.
La medida cautelar no exonera a la empresa, sino que congela el proceso administrativo mientras la fábrica continúa operando y produciendo vehículos eléctricos para el mercado latinoamericano. La justicia brasileña aún debe determinar el grado de responsabilidad de una corporación sobre los derechos humanos en su cadena de suministro.