La iniciativa busca prohibir la tarea no registrada y transferir a los municipios la potestad de autorizar y controlar el servicio.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para regular la actividad de los cuidacoches, comúnmente conocidos como «naranjitas», en todo el territorio provincial. La normativa apunta a prohibir el ejercicio no registrado de esta tarea y a otorgar a los gobiernos locales la responsabilidad de autorizarla y controlarla.
En una reunión en la Casa de Gobierno, Llaryora estuvo acompañado por la vicegobernadora Myrian Prunotto; el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini; el presidente provisorio de la Unicameral, Juan Manuel Llamosas; los ministros Juan Pablo Quinteros (Seguridad) y Daniel Pastore (Comunicación); el presidente del bloque oficialista, Facundo Torres; y el secretario de Seguridad, Juan Manuel Araoz.
Según el proyecto, los municipios serán los encargados de definir si permiten o no la actividad de los cuidacoches en sus jurisdicciones. En los casos en que se autorice, deberán establecer un sistema formal de registro, identificación y control para los trabajadores. Donde no exista una autorización municipal explícita, la actividad estará prohibida.
«Una vez aprobada la ley, sólo aquellos cuidacoches bajo algún tipo de registración con los municipios podrán llevar adelante la tarea. El resto será sujeto a las fuerzas del orden», se informó. Además, se destacó que la nueva normativa habilitará a la Policía a actuar de manera preventiva.
El Gobierno Provincial señaló que esta regulación se enmarca en un plan integral que incluye «programas de reinserción laboral, con acompañamiento de la Provincia a los municipios que los implementen». El objetivo declarado es generar «oportunidades concretas» para quienes hoy se desempeñan en esa actividad, facilitando su ingreso a la economía formal.
Cabe recordar que a fines de 2023, el oficialismo había intentado una iniciativa similar mediante la modificación del Código de Convivencia, la cual encontró un fuerte rechazo de varios sectores, incluida la Iglesia, con críticas del entonces arzobispo Ángel Rossi.