El Poder Ejecutivo retomó las tratativas para impulsar una modificación legal que establezca sanciones más severas para quienes realicen acusaciones judiciales falsas. El proyecto, que había perdido impulso legislativo, regresa a la agenda del Senado con un renovado respaldo político, aunque enfrenta un escenario complejo de negociación con las provincias.
Resistencias en el interior
El principal obstáculo para la iniciativa radica en las advertencias formuladas por varios mandatarios provinciales. Estos han expresado su preocupación ante la posibilidad de que una norma demasiado amplia termine desalentando a las víctimas de violencia de género o intrafamiliar a realizar denuncias legítimas. El temor central es que se confunda una acusación que no logra probarse en sede judicial con una falsedad deliberada.
Modificaciones en debate
Ante este panorama, el gobierno optó por una estrategia de ajustes puntuales al texto original, en lugar de una reescritura total. El objetivo declarado es precisar los alcances de la figura delictiva para evitar interpretaciones extensivas. Uno de los cambios centrales que se discute es la inclusión de un requisito de intencionalidad comprobada, estableciendo una diferencia clara entre la mentira deliberada y la falta de pruebas.
Asimismo, se busca incorporar una salvaguarda explícita que establezca que el mero hecho de que una denuncia no prospere no la convierte automáticamente en falsa. En paralelo, se evalúa reforzar las protecciones específicas para los casos de violencia de género, ámbito donde el riesgo de un efecto disuasorio es considerado mayor por los críticos del proyecto.
Un impulso político con cautela
Desde el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, se argumenta que las denuncias maliciosas causan un daño profundo a personas inocentes y erosionan la credibilidad del sistema judicial. Por ello, consideran necesario un marco penal más estricto. No obstante, dentro del oficialismo reconocen que el avance depende de acuerdos que trascienden al Congreso y que requieren del apoyo de las provincias.
La negociación se encuentra en una fase delicada. Algunos gobernadores han visto con buenos ojos los ajustes propuestos como una señal de flexibilidad, mientras que otros mantienen sus reservas. El gobierno insiste en que el espíritu de la reforma es combatir el uso malicioso de la justicia sin restringir el acceso a ella ni habilitar persecuciones políticas.
Un camino por definir
Por ahora, el proyecto se mueve en un terreno intermedio: cuenta con impulso político para mantenerse en la agenda parlamentaria, pero su destino final sigue atado a una negociación abierta. Cada modificación en la redacción apunta a construir un consenso más amplio, consolidando a los mandatarios provinciales como actores clave para desbloquear –o frenar– su tratamiento. El debate pone en evidencia la tensión entre la necesidad de proteger a las víctimas de falsas acusaciones y la de garantizar que las víctimas de delitos reales no vean obstaculizado su camino hacia la justicia.