Un tribunal de apelaciones de los Estados Unidos revocó este martes la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar una indemnización multimillonaria por la expropiación de YPF en 2012. La decisión judicial, emitida por la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York, fue recibida con alivio por el gobierno nacional y generó un inmediato cruce político sobre la autoría de la estrategia legal victoriosa.
Un fallo con impacto económico y político
La resolución anula una condena previa que ascendía a miles de millones de dólares, cerrando un largo capítulo de litigio internacional. Desde el ámbito jurídico, se destacó que el fallo reconoce la potestad de los estados para realizar expropiaciones por causa de utilidad pública, dentro de su marco legal interno.
Reacciones oficialistas y de expresidentes
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien lideraba el ejecutivo al momento de la estatización, afirmó que el veredicto «reafirma la soberanía jurídica de la nación». Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien fue ministro de Economía durante la operación, sostuvo que la sentencia «desarma años de narrativas falsas» sobre el proceso.
Desde la actual administración, funcionarios de la Procuración del Tesoro y la Secretaría Legal y Técnica celebraron el resultado, calificándolo como un «triunfo del derecho internacional». Remarcaron el trabajo de los equipos legales que defendieron la posición argentina ante la justicia estadounidense.
Posturas de la oposición
El partido Propuesta Republicana (PRO) emitió un comunicado recordando que fueron los primeros en presentar, en 2017, los argumentos jurídicos que luego tomó la corte. Criticaron la metodología de la expropiación original, que a su juicio generó un riesgo innecesario para el país.
Desde el espacio libertario, la senadora Patricia Bullrich atribuyó el resultado favorable a la gestión del presidente Javier Milei, afirmando que se está «ordenando el desastre» heredado. Esta postura fue rebatida por legisladores del bloque justicialista, quienes recordaron el voto en contra de la oposición de entonces a la recuperación de la empresa.
El trasfondo de un litigio histórico
El conflicto legal se originó tras la decisión del gobierno argentino de recuperar el control accionario de YPF, empresa fundada como estatal y posteriormente privatizada. Accionistas minoritarios interpusieron demandas alegando que la operación no cumplió con las previsiones estatutarias de la compañía.
El reciente fallo de segunda instancia consideró que las leyes argentinas, y no únicamente el estatuto corporativo, rigen en un proceso de expropiación por utilidad pública. Este principio jurídico fue el eje central de la defensa del Estado nacional durante todo el proceso.
El desenlace judicial cierra una etapa de incertidumbre financiera para el país y para la propia YPF, removiendo una pesada contingencia de su balance. Analistas económicos anticipan que la decisión podría tener un impacto positivo en la percepción de riesgo y en las proyecciones de la firma energética.