Deán Funes. La investigación por una presunta megaestafa vinculada a falsas ofertas de empleo en proyectos mineros dio un giro en las últimas horas. La Fiscalía de Delitos Complejos de Salta resolvió remitir el expediente a la Fiscalía de Deán Funes para que investigue las denuncias presentadas por personas de distintas provincias del país que aseguran haber sido víctimas de la maniobra.
La decisión generó sorpresa en el ámbito judicial cordobés, ya que se trata de jurisdicciones con características muy diferentes. Mientras la fiscalía salteña se especializa en delitos complejos y cuenta con una estructura específica para este tipo de causas, la fiscalía de Deán Funes es multifuero y dispone de recursos más limitados.
En esa ciudad del norte de Córdoba se contabilizan al menos 82 personas damnificadas, lo que convierte al lugar en uno de los principales focos de denuncias. Ante esta situación, desde la Justicia provincial se analiza realizar un planteo formal para que el expediente vuelva a la órbita de la justicia salteña, donde se inició la investigación.
Detenciones e imputaciones
En el marco de la causa, un hombre y una mujer fueron detenidos e imputados tras dos allanamientos realizados en la ciudad de Salta. Ambos son señalados por los investigadores como los principales responsables del presunto esquema de estafas.
La investigación comenzó el 27 de febrero, a partir de una denuncia presentada en esa provincia. Con el avance del caso se sumaron otras 31 presentaciones de personas que manifestaron haber sido contactadas con la promesa de acceder a puestos laborales en emprendimientos vinculados al sector minero.
El mecanismo de la estafa
De acuerdo con los testimonios de los damnificados, la mujer se presentaba como una profesional del área técnica y afirmaba contar con títulos vinculados a la actividad minera, credenciales que hasta el momento no habrían podido ser acreditadas.
Para dar apariencia de legalidad a la operatoria, los sospechosos habrían impulsado la creación de distintas estructuras comerciales, entre ellas Baez Mamani Group, Rimay Group S.R.L. y Consultora Bomblin, desde donde se realizaban convocatorias a profesionales y trabajadores interesados en supuestas oportunidades laborales.
Según se desprende de la investigación, a los postulantes se les solicitaba el pago de dinero destinado a trámites administrativos o estudios preocupacionales. Estos montos debían ser transferidos a cuentas de terceros vinculados al grupo, lo que finalmente derivaba en el presunto fraude.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descarta que aparezcan nuevas denuncias a medida que avance la pesquisa sobre un caso que podría involucrar a víctimas en distintas provincias del país.