A cuarenta días de la disolución de la obra social de las fuerzas armadas y de seguridad –IOSFA- y la creación de dos entidades por separado, siguen los reclamos de los afiliados por la caída de prestaciones y la falta de atención en provincias enteras, y el Gobierno no da señales por ahora de cómo se pagarán las deudas millonarias con los prestadores. El déficit de IOSFA –tercera obra social más grande del país, con 550 mil afiliados, ahora en proceso de liquidación- supera los 200 mil millones de pesos (casi 300 mil millones, según otros cálculos).
En Mar del Plata, el viernes, decenas de afiliados (hay unos 16 mil en la ciudad) se manifestaron frente a la sede de la obra social militar para denunciar el corte de servicios por parte del “último prestador” en la ciudad, un sanatorio privado.
Días atrás, la Asociación de Suboficiales de las FFAA y de Seguridad (Asuba) denunció que en toda la provincia de Formosa las prestaciones y tratamientos están suspendidos, y reintegros y medicamentos de alto costo demorados. “Transición de 365 días no significa suspensión e interrupción”, reclama el encargado de prensa de Asuba, Manuel Javier Ramos, en un mensaje público al ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y al coronel (R) Ariel Guzmán, designado el 19 de febrero administrador de la “IOSFA residual”
“La disolución de la obra social ha sumergido a los afiliados en un limbo sanitario inaceptable”, agrega Asuba en un video de youtube que registró 10 mil vistas.
Clarín entrevistó en junio pasado a la doctora Marta Kura, directora de Diagnóstico Científico Integral, un centro de diagnóstico por imágenes en la calle Humboldt, en Palermo. Con 25 años en el Hospital Militar y luego con su propio centro, es una referente muy valorada en la sanidad militar. Su situación actual, le dice ahora a este diario, sigue siendo desesperante: “Me deben 350 millones de pesos, sostuvimos la obra social, mantuvimos las prestaciones, ¿quién va a pagar? Estamos endeudados. Pedí este mes un crédito bancario de 30 millones de pesos para pagar los sueldos”.
“Iosfa es un desastre”. “Pago 200 o 250 mil pesos por mis estudios oncológicos, que no me los cubren. Se me hace insostenible”. “Pagamos todos los meses como afiliados, no tenemos prestaciones”. “En el Hospital Militar Central o el de Campo de Mayo, algo más o menos se mantiene. Pero en el interior no hay dónde atenderse”. “L.M., odontólogo, le deben 20 millones de pesos. Sigue por cortesía con sus pacientes”. Testimonios como estos son habituales respecto de la crisis de la ahora disuelta IOSFA.
En fuentes cercanas a la obra social sostienen, sin dar demasiada expectativa: “Se administra lo que se tiene. Lo mismo pasa con otras obras sociales y prepagas”, aseguran cuando se consulta por los «cortes» de prestaciones ante la falta de pago.
“Está iniciado el proceso de transición, la idea es ordenar OSFA”, la nueva obra social de las Fuerzas Armadas, a cuyo frente fue nombrado por el ministro Presti el general de brigada (R) Sergio Maldonado. La Gendarmería y la Prefectura tendrán por separado la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffeseg).
No hay respuesta cuando se pregunta por el pago de las deudas millonarias. “Queremos que sea sustentable hacia adelante. El que decide ahora es un militar (por el ministro-general Presti, ex jefe del Ejército), es afiliado, y tiene la voluntad política”, señalan.
En fuentes gremiales, sin embargo, aseguran en las últimas horas que “el ministro ha dispuesto que las Fuerzas Armadas dispongan de fondos para IOSFA de su propio presupuesto, ante la negativa del ministerio de Economía de afrontar la deuda”. Esta se generó en el Gobierno de Javier Milei y fue creciendo en la gestión de Luis Petri –hoy diputado- en Defensa, en la cual pasaron tres presidentes distintos por IOSFA.
Uno de ellos, el contador mendocino Roberto Fiochi, había señalado en una entrevista con Clarín el año pasado, que debía haber “adelantos o aportes del Tesoro” para nivelar el grave déficit.
Pero eso nunca sucedió, y con el déficit de 15 mil millones mensuales acumulativos, según cálculos la deuda ya asciende a $300 mil millones. Ante la negativa del ministro Luis Caputo a destinar aportes a la obra social –Presti habría intercedido sin resultado- “el dinero lo van a sacar de las partidas de la fuerza. Van a hacer más ajuste para ello en distintas áreas”, afirmaron las fuentes consultadas.