El doble varapalo de Junts al Gobierno en el último pleno del Congreso, al sumar sus votos a PP y Vox para tumbar el decreto del escudo social y la limitación de precios en situaciones de emergencia, parece haber colmado la paciencia del Ejecutivo. Los ministros socialistas no escondían su cabreo con los posconvergentes, acusándolos de mimetizarse con la “derecha y ultraderecha”. Un salto cualitativo en el discurso, puesto que los socialistas siempre evitaron las críticas directas para evitar soliviantar a los de Carles Puigdemont, confiando en reconducir la relación o, al menos, encajar sus demandas para salvar las votaciones. La del escudo social, con la prórroga de medidas antidesahucios o del bono social eléctrico implantadas desde 2020, era prioritaria como seña de identidad del Gobierno.
El hartazgo entre los socialistas se dejó sentir en el pleno y los negociadores de Moncloa lamentaban que sus “guiños” a Junts cayesen en saco roto. Concretamente en lo relativo a la moratoria antidesahucios, al dejar fuera a los pequeños propietarios o aprobar un fondo de 300 millones de euros para cubrir los impagos, pero también en otros asuntos como el desbloqueo de la ley de Junts para endurecer la multirreincidencia en el Código Penal.
De ahí que ahora se opte por poner en cuarentena los avances en compromisos pendientes. Principalmente, el que tiene que ver con la publicación de las balanzas fiscales, una histórica reivindicación de Junts. Fuentes de Hacienda avanzaban hace unos días su compromiso en publicarlas con todas las metodologías disponibles para sortear las diferencias. Sin embargo, ahora se ha puesto en cuarentena la decisión dejando en el aire este gesto. Aunque públicamente la vicepresidenta María Jesús Montero no haya querido dar un portazo.
El Gobierno también se ve sin incentivos en su pretensión para desbloquear con Podemos la delegación de competencias en inmigración a Catalunya. En los últimos días se había iniciado el intercambio de papeles. El veto de los cuatro diputados morados hizo que la norma, presentada conjuntamente por PSOE y Junts, decayese al sumarse al rechazo de PP y Vox. A cambio de que reconsiderasen su voto en contra y se abriesen a buscar un punto de encuentro, el Gobierno pactó con la formación de izquierdas la regularización exprés de hasta medio millón de migrantes.
La constatación de que la falta de interlocución y los fallidos intentos de una mediación del PNV, al pactar con los nacionalistas vascos medidas del gusto de los posconvergentes, sitúa la legislatura en un punto de inflexión. “No han querido sentarse cuando la redacción sobre los desahucios es muy distinta a la primera, que podrían perfectamente aceptar. Lo de la ‘okupación’ es una excusa”, reprochaban los negociadores de Moncloa. «Ni okupas, ni okupos, que no engañen, que los okupas no tienen ni un solo beneficio en este real decreto ley», replicaba desde la tribuna del Congreso antes de la votación el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Presupuestos sentenciados
El propio presidente del Gobierno dio la señal a los suyos de pasar al contraataque cuando en la sesión de control en el Congreso del pasado miércoles achacó a Junts de querer «copiar los discursos de la derecha y la ultraderecha». Lo hizo como réplica a la confirmación de su portavoz, Míriam Nogueras, de que votarían en contra del decreto que incluye las medidas para la moratoria antidesahucios. Una suerte de ‘hasta aquí’.
Para los socialistas, detrás de la falta de entendimiento con Junts en materia social estaría su competición electoral con la emergente Aliança Catalana. El caso es que esta realidad con los posconvergentes sentencia también los Presupuestos, cuya intención sigue siendo presentarlos dentro de este primer trimestre.
Casi cuatro meses después de que Junts anunciase su ruptura del pacto de investidura con el PSOE, el Gobierno da síntomas de considerar irrecuperable la relación. Los posconvergentes mantienen grabada en piedra la lista de incumplimientos y los gestos del Ejecutivo no han servido para acercar posiciones. Ante ello, fuentes socialistas señalan que hasta un hipotético regreso de Carles Puigdemont esta formación “no acabará de estabilizarse”.
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