La disputa en torno a la compra de quince drones de alta tecnología escaló este viernes con una denuncia penal presentada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, contra la mayoría opositora del Tribunal de Cuentas provincial.
“Consideramos que estamos ante un claro abuso de autoridad con dos objetivos concretos: obstruir de manera indefinida la adquisición de tecnología de punta, con el impacto negativo que ello tiene para la seguridad pública y ciudadana, y brindar a un jefe político un marco discursivo para instalar una campaña falaz y estigmatizante, utilizando instituciones públicas con fines personales y totalmente ajenos a los que establece la ley”, dijo Quinteros sobre la presentación.
Desde la cartera de Seguridad se informó que la denuncia apunta a establecer si la resolución que impidió concretar la licitación que implicaba una inversión cercana a 7 millones de dólares se ajustó a los límites legales del control preventivo de juridicidad.
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El ministerio que dirige Quinteros sostiene que los tribunos que responden al Frente Cívico se extralimitaron en sus funciones y afectaron el principio de división de poderes.
El presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, justificó el bloqueo de la licitación al advertir que se trata de una licitación “dirigida”, con un único oferente y un monto que supera los 7 millones de dólares, es decir, más de 10 mil millones de pesos.