El Congreso de los Diputados ha tumbado este martes el real decreto del Gobierno que incluía, entre otras muchas medidas, la subida del 2,7% para las pensiones de este año. El alza, que ya se ha reflejado en los abonos que los pensionistas han recibido en enero, se revertiría en principio a partir de los pagos de febrero, que volverían a ser como los de 2025. Si embargo, es bastante posible que el Ejecutivo busque una manera de evitar que esto suceda y las pensiones sigan reflejando la subida del 2,7% a partir del mes que viene. De hecho, ya fue lo que sucedió hace un año, cuando la cámara baja rechazó también su primera propuesta de revalorización de las pensiones.
El pleno del Congreso ha votado en contra de convalidar el real decreto que el Gobierno aprobó el pasado 23 de diciembre «por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social». En la práctica, era un cajón de sastre en que se incluyeron medidas de distinto tipo.
Además de la subida de las pensiones, había otras como la prórroga de la prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional, de la prohibición del corte de suministros básicos (luz, gas natural y agua) y del bono social eléctrico. Asimismo, figuraban otras iniciativas como ayudas para las víctimas de recientes desastres naturales, como los incendios de este verano o la dana en Valencia, entre otras medidas.
El PP y Junts, que están a favor de la subida de las pensiones con el IPC pero no de algunas de las otras iniciativas, han votado en contra. Ya se lo habían advertido al Ejecutivo, al que han reclamado que presente el alza de las pensiones de forma independiente a otras iniciativas, particularmente de la prórroga de la prohibición de desahuciar.
La más inmediata es que la subida de las pensionesqueda sin efecto, lo que en principio se dejaría notar en los pagos que recibirán a finales de febrero las 9,4 millones de personas que reciben pensiones contributivas, además de los más de 734.000 perceptores de las pensiones no contributivas y los 785.000 del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
En 2026 es el quinto año en el que rige la nueva fórmula que el Gobierno pactó con patronal y sindicatos para revalorizar automáticamente las prestaciones contributivas cada año con relación al IPC. Es el resultante de calcular la media de la inflación entre diciembre del año anterior y noviembre del presente, lo que ha resultado para este ejercicio en el 2,7%. La pensión media de jubilación, de 1.510 euros al mes, subió en enero unos 40 euros al mes, hasta los 1.551 euros.
Además, el Gobierno decidió que las pensiones mínimas no contributivas y el ingreso mínimo vital subirían este año un 11,4%, mientras que las pensiones mínimas subieran un 7%. La pensión mínima no contributiva, así, subió en enero 64 euros al mes, pasando de 564,7 euros mensuales (en 14 pagas) a 629 euros. Estos subsidios son los que cobran aquellas personas que no han podido cotizar el tiempo suficiente para acceder a prestaciones contributivas, de mayor importe.
El IMV ha subido también un 11,4%, lo que en términos absolutos se traduce en el caso de una prestación de una persona sola en 75,1 euros más al mes, hasta un total de 733,9 euros mensuales. El pago máximo, que sería para una unidad de convivencia con 7 o más miembros, sube 165,2 euros cada mes, hasta un total de 1.614,59 euros mensuales.
Tomando como ejemplo lo que sucedió el año pasado, el escenario central parece pasar porque el Gobierno vuelva a proponer al Congreso la subida de las pensiones del 2,7% sin otras medidas que el PP y Junts rechacen, de modo que uno o ambos partidos se puedan sumar a una mayoría de la cámara y el alza quede aprobada. En 2025, el segundo decreto del Gobierno fue convalidado por el Congreso antes de que el Estado tuviese que abonar las pensiones de febrero, de manera que los pensionistas no llegaron a notar en su bolsillo que el alza de las pensiones de aquel ejercicio había quedado temporalmente suspendida.
En caso de que un segundo decreto no resultase ahora convalidado, la subida de las pensiones quedaría anulada y los pagos de febrero no reflejarían el incremento del 2,7% que sí registraron los de enero. Pero incluso en ese caso, el Gobierno tiene la opción de aprobar en cualquier momento un nuevo real decreto, que volvería a surtir efecto hasta que el pleno del Congreso lo votase. En consecuencia, parece difícil que las nóminas de febrero no recojan el alza de las pensiones previsto para este año, salvo sorpresa política.
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