A poco de cumplirse un año desde que se desató el escándalo de los “empleados fantasmas” en la Legislatura de Córdoba, cuando en enero tomó estado público que el exlegislador Guillermo Kraisman había intentado cobrar “por una ventanilla” del Banco Córdoba el sueldo de Virginia Martínez, quien figuraba como empleada pero que, según sus dichos, jamás “asistió a trabajar”, la Justicia de Córdoba allanó este viernes por la tarde las oficinas de la Unicameral para, según se explicó, “secuestrar documentación que será objeto de análisis por parte de la fiscalía” en el marco de otras dos denuncias que hay en Tribunales vinculadas a personal supuestamente contratado pero que no cumpliría ningún tipo de funciones.
Las actuaciones estuvieron a cargo de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de 2.ª Nominación, a cargo de Franco Mondino, y para su realización se contó con la colaboración del personal policial, de la Dirección de Investigación Operativa del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Equipos de Computación de Policía Judicial.
Hasta este sábado no hubo ningún comentario oficial respecto del tema, aunque sí allegados a la vicegobernadora Myrian Prunotto, a cargo de la Legislatura, aclararon que quieren “que se llegue a la verdad hasta lo último que deba investigarse. Nos pone contentos que se llegue hasta las últimas consecuencias”.
Por su parte, el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Matías Gvozdenovich, expresó su “máxima preocupación por el allanamiento realizado en el día de la fecha (por el viernes), en la Legislatura provincial a las áreas de sueldo y administración, evidenciando el dudoso manejo que hacen las autoridades de los recursos públicos de todos los cordobeses. Exigimos la total apertura de la información y la máxima transparencia de parte de las autoridades para el rápido esclarecimiento y la cooperación con la justicia”.
El legislador radical anunció que desde la UCR presentarán “un pedido de informes para que se nos indique las razones del procedimiento judicial y los empleados y/o funcionarios involucrados”.