Millones de usuarios de gas en alerta por fuerte aumento en 2026

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Facturas de gas: más de 3 millones de usuarios pueden recibir muy fuertes aumentos en 2026

El proyecto de Presupuesto 2026 deroga la Ley de 2021 que incorporó a millones de usuarios al Régimen de Zona Fría, en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

22/09/2025 – 13:50hs

El proyecto de Presupuesto 2026, presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso, trae consigo una medida de alto impacto social y económico con la eliminación de la ampliación del Régimen de Zona Fría para el consumo de gas natural. De aprobarse, la normativa dejaría sin efecto un descuento que hoy beneficia a cerca de 3,1 millones de hogares en todo el país.

La iniciativa oficial apunta a derogar cinco artículos de la Ley 27.637, la cual fue sancionada en 2021 durante la administración anterior. Esta ley había extendido el beneficio, que inicialmente solo cubría a unas 850.000 viviendas de la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza), a localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, San Juan, San Luis, La Pampa y otras provincias.

El esquema de «Zona Fría» consiste en un descuento en la factura final de gas que va del 30% al 50% para los hogares beneficiarios. El 50% aplica a grupos vulnerables como jubilados, pensionados, receptores de AUH, monotributistas sociales y electrodependientes. El 30% restante corresponde a la generalidad de usuarios incorporados por la ampliación.

Hoy, todos los usuarios pagan ensus facturas un recargo de 6,8% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Ese monto va al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas y desde ahí se les reintegran a distribuidoras y subdistribuidoras que realizaron el descuento a los usuarios.

Zona Fría, los argumentos del gobierno

La propuesta del gobierno de Javier Milei tiene un doble fundamento. Por un lado, es económico para reducir los subsidios que, aunque no se financian directamente con aportes del Tesoro en su origen, requieren cada vez más inyecciones estatales para cubrir el déficit del fondo.

Por otro lado, es técnico, ya que la derogación se centra en las zonas medioambientales consideradas «templadas-cálidas», a diferencia de las regiones extremadamente frías contempladas en el régimen original.

La eliminación de este beneficio generaría un impacto directo y significativo en los bolsillos de los usuarios e implicaría que los hogares afectados pierdan la quita del 30% o 50% sobre el costo del gas mayorista (PIST). Las provincias más afectadas por la medida serían Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde la ampliación sumó la mayor cantidad de nuevos beneficiarios.

El Régimen de Zona Fría es un descuento que es financiado por el resto de los usuarios de gas natural que no cuentan con este beneficio. Estos últimos pagan un recargo sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), el cual se deposita en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

El proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo a modificar el nivel de este recargo del 6,8%, pero la propuesta permite aumentarlo o disminuirlo en hasta un 50%, lo que podría elevarlo hasta un 11,25% si se busca evitar aportes del Tesoro al Fondo Fiduciario.

Presupuesto de equilibrio fiscal

Las visiones críticas de la ampliación de 2021 sostenían que el esquema desvirtuaba el objetivo inicial. Se argumentaba que usuarios de altos ingresos en zonas geográficas recién incorporadas podían recibir el descuento, mientras que hogares de bajos recursos, por ejemplo, en barrios del conurbano bonaerense o el Litoral, continuaban pagando el recargo para financiarlo.

Con la masiva incorporación de usuarios de 2021 —llevando el total de beneficiarios a 4 millones—, el recargo pagado por el resto de los consumidores se volvió insuficiente para solventar el esquema, lo que obligó al Tesoro Nacional a realizar aportes para cubrir el déficit, volviendo la medida una carga para las arcas públicas.

Un factor político adicional a considerar es la posición que tomarán los gobernadores de las provincias que verían a millones de sus ciudadanos perder el beneficio. La medida tocará una fibra sensible en el vínculo con los distritos y se debatirá en el Congreso, donde se espera una fuerte discusión sobre el artículo 72 del proyecto.

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