Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ultiman los detalles de la apelación que presentarán ante el Tribunal Oral Número 2 con la que buscan impugnar la prisión domiciliaria concedida a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que empezó a cumplir hace diez días.
Los acusadores públicos tienen hasta mediados de la próxima semana para consignar el recurso que analizarán los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y que eventualmente elevarán a la Cámara Federal de Casación para que tenga la última palabra.
Si bien desde la fiscalía se manejan con absoluto y completo hermetismo sobre los argumentos con los que apuntan a objetar el arresto domiciliario de Cristina, PERFIL pudo reconstruir a partir de fuentes de la causa que Luciani y Mola señalarían que la exvicepresidenta debe cumplir la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta en un establecimiento carcelario.
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La negativa de ambos fiscales se fundaría en el marco que la pena privativa de libertad bajo la modalidad de prisión domiciliaria es una potestad de los jueces, y que no reviste de obligatoriedad concederla. Es decir, es una excepción cuya concesión no debe ser admitida automáticamente, sino que su aceptación o rechazo deben decidirse sobre la razonabilidad. Dicho en otros términos, la domiciliaria es una alternativa a la cárcel y no un derecho.
En su momento, la defensa de Cristina Fernández adujo razones etarias y de seguridad para reclamar el beneficio. La exmandataria tiene 72 años y según la norma, a partir de los 70, cualquier persona con pena privativa de libertad presume un grado de vulnerabilidad y puede solicitarla, paralelamente los abogados invocaron su condición de expresidenta y que fue víctima de un atentado durante el ejercicio de sus funciones.
Bajo esas premisas los letrados advirtieron dos cosas, la primera, que el alojamiento de Cristina en una cárcel no es compatible con los requisitos de seguridad que se le debe garantizar por su condición de exjefa de Estado con custodia, pues la misma no puede cumplir su función de seguridad dentro de un penal y que los roles de confidencialidad y de protocolo no se le pueden trasladar a efectivos del Servicio Penitenciario Federal. La segunda, que no podrá acceder a espacios comunes intramuros ni compartirlos con otros internos y menos estar bajo supervisión continua.
Sin embargo, la fiscalía podría señalar que la defensa no invocó razones humanitarias para justificar la concesión de dicha medida. Además, Luciani y Mola pueden valerse, como ejemplo argumentativo, el caso del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, quien tras acreditar la edad y afectaciones de salud crónicas y evolutivas, el mismo tribunal le rechazó la domiciliaria en la causa por la tragedia de Once al sostener que “la morigeración pretendida no resulta automática”. Además, marcar la inexistencia de motivos humanitarios para afirmar que la cárcel sobre él implicaba un trato indigno.
Otra de las cosas que los fiscales señalarían es la inconveniencia del domicilio de Cristina por las condiciones de seguridad, su ubicación y la congregación de sus seguidores, esto último probablemente pueda devenir abstracto o extemporáneo pues fue la propia exjefa de Estado quien pidió que la última movilización hacia la esquina de San José y Humberto Primo se redireccionara a Parque Lezama, tras denunciar la presencia de un “operativo policial sin orden judicial”, en esa zona que calificó como una provocación de Patricia Bullrich.
La decisión del reclamo de los fiscales quedará en manos de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña que le correrán vista al fiscal de esa instancia, Mario Villar de quien se da por descontado que sostenga lo que planteen Diego Luciani y Sergio Mola.
Por último, hay altas probabilidades de que el reclamo de los fiscales por la domiciliaria sea tratado en la audiencia fijada para el próximo lunes 7 de julio por la Casación donde se atenderá la objeción de la defensa que busca evitar la autorización judicial para quienes visiten a Cristina en su casa. A ello también podría sumarse la reciente impugnación de los abogados de la exmandataria del uso de la tobillera electrónica.
De concentrarse todo, los camaristas de la sala IV de quienes Cristina buscó sacar a dos de ellos del expediente, argumentando que se reunieron con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos durante su presidencia, tendrán cinco días para resolver si sostienen lo dispuesto por el TOF 2 u ordenan medidas más restrictivas.