El organismo analizará este viernes si permite que alumnos sin autorización migratoria que ya estaban inscriptos en colegios públicos antes de la primavera de 2027 puedan transferirse a universidades estatales. La prohibición general fue aprobada en septiembre y comenzará a regir en el ciclo 2027-2028.
La Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal de Florida analizará este viernes una excepción a la medida que impide que los estudiantes indocumentados se inscriban en las universidades públicas del estado. La propuesta será evaluada durante una reunión prevista en la Universidad Internacional de Florida, en Miami.
La restricción original fue aprobada por unanimidad en septiembre y establece que las personas que se encuentren en Estados Unidos sin autorización migratoria no podrán inscribirse por primera vez en las universidades públicas a partir del ciclo académico 2027-2028. La norma aún no entró en vigor debido a que las leyes estatales prevén un plazo de 20 días para presentar objeciones.
La posible modificación no implica una eliminación general de la prohibición, sino una excepción para determinados alumnos que ya comenzaron su formación en el sistema educativo estatal. El planteo está relacionado con el programa conocido como 2+2, un mecanismo que garantiza la transferencia de créditos entre los colegios públicos y las universidades de Florida. La legislación estatal establece que quienes se gradúan en alguno de los 28 colegios públicos pueden acceder a una de las 12 universidades estatales, con la transferencia de 60 créditos académicos para continuar una licenciatura.
La propuesta busca contemplar la situación de los estudiantes indocumentados que ya estaban cursando sus estudios en esos establecimientos y evitar que queden excluidos al momento de continuar una carrera universitaria.
El gobernador Ron DeSantis manifestó su apoyo a la restricción original: «Creo que lo que están haciendo es lo correcto y creo que están dando prioridad a los estudiantes que crecen aquí, que asisten a nuestras escuelas, a los residentes de Florida», expresó.
Según informó CBS News Miami, el vicegobernador Jay Collins calificó la medida como una decisión de «sentido común» y sostuvo que las universidades públicas deben estar reservadas para quienes se encuentran legalmente en el país. «No se puede esperar que los contribuyentes de Florida subsidien oportunidades para personas que infringieron nuestras leyes para venir aquí», argumentó.
El comisionado de Educación estatal, Henry Mack, también respaldó el proyecto. A través de una publicación en la red social X, afirmó que fueron los contribuyentes quienes construyeron esos campus y que no deberían convertirse en un beneficio para quienes permanecen en el país sin autorización.
Our @SUS_Florida institutions exist for legal residents & citizens. Taxpayers built these campuses. They are not a prize for unlawful presence. I was proud to support the Board of Governors’ unanimous vote this week. The Herald’s upset. That’s the tell.
La decisión que tome la Junta de Gobernadores será determinante para los alumnos que ya comenzaron sus estudios en los colegios estatales y esperan continuar una carrera universitaria mediante el sistema de transferencia.