Los abogados de las familias denunciantes informaron que la Iglesia lleva adelante una investigación canónica por los hechos denunciados contra el sacerdote Alejandro Nicola. El procedimiento comenzó en julio de 2026 y sus resultados serán enviados al Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
Los abogados Alejandro Escudero Salama y María Milagros Lucero, quienes representan a algunas de las familias vinculadas a la causa del Jardín Niño Dios de Villa Carlos Paz, informaron que la Iglesia lleva adelante una investigación preliminar canónica por los presuntos hechos denunciados contra el sacerdote Alejandro Nicola en el ámbito de esa institución.
Según explicaron los letrados, la información fue comunicada a Escudero Salama por el presbítero Daniel Juncos, quien señaló que tiene a su cargo la investigación, mientras que el padre Diego Díaz interviene como notario.
De acuerdo con lo informado, el procedimiento comenzó en julio de 2026 y, una vez concluido, sus resultados serán enviados al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, organismo de la Santa Sede que interviene en los casos que son de su competencia, entre ellos las denuncias por presuntos delitos sexuales cometidos por miembros del clero contra menores.
Los abogados remarcaron que esta investigación eclesiástica es independiente de la causa penal que lleva adelante la Justicia de Córdoba.
Juncos habría informado que hasta el momento recibió alrededor de 25 declaraciones de madres y otros actores vinculados al caso, mientras que todavía restarían aproximadamente quince testimonios.
Sin embargo, según señalaron Escudero Salama y Lucero, entre las familias denunciantes habrían sido entrevistadas hasta ahora tres o cuatro y estaría prevista la convocatoria de una familia más.
Ante la consulta sobre el criterio utilizado para seleccionar a las personas convocadas, el investigador habría explicado que el contacto se produjo principalmente de manera informal o por iniciativa de algunas familias.
También habría señalado que no estaba previsto tomar declaración individual a las trece denunciantes y que, en esta etapa preliminar, su objetivo era reunir hechos concretos que permitieran elaborar un informe con los elementos considerados suficientes para remitir a Roma.
Los abogados ofrecieron que las madres a las que representan puedan prestar declaración. Según relataron, Juncos respondió que evaluaría la propuesta, aunque consideraba que la información reunida y el testimonio de una familia más podrían resultar suficientes.
Frente a esto, los letrados sostienen que cada familia puede aportar circunstancias, hechos o elementos diferentes y que la elaboración del informe no debería dejar fuera las situaciones de quienes todavía no fueron escuchadas.
Otro de los puntos planteados durante la conversación fue la posibilidad de que las personas convocadas a declarar no puedan hacerlo acompañadas por sus abogados.
Según explicaron los letrados, Juncos les manifestó que esa condición alcanzaría tanto a las madres como al sacerdote Alejandro Nicola, quien tampoco podría estar acompañado por sus abogados durante esta etapa preliminar.
Escudero Salama y Lucero anticiparon que solicitarán que se precise cuál es el fundamento y el alcance de ese criterio dentro del procedimiento canónico.
Uno de los principales puntos que buscarán esclarecer los abogados está relacionado con la fecha en que las autoridades eclesiásticas tomaron conocimiento de los hechos denunciados.
La primera denuncia penal vinculada con el caso fue presentada en mayo de 2025. La investigación preliminar canónica, en cambio, comenzó en julio de 2026.
Por ese motivo, los abogados solicitarán al Arzobispado de Córdoba y a la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC) que informen cuándo recibieron las primeras noticias sobre las denuncias, quién las comunicó, qué medidas fueron adoptadas y qué actuaciones se realizaron hasta el inicio de la investigación canónica.
También pedirán precisiones sobre la manera en que serán incorporadas al expediente las situaciones de las familias que todavía no fueron escuchadas antes de que las actuaciones sean remitidas al Vaticano.
En paralelo, solicitarán a la Fiscalía a cargo de Jorgelina Gómez que requiera las comunicaciones y documentación eclesiástica que pueda resultar relevante para reconstruir la secuencia de conocimiento y decisiones adoptadas por las instituciones.
De acuerdo con las estimaciones transmitidas por Juncos, el informe podría estar concluido entre fines de noviembre y comienzos de diciembre. Posteriormente, la respuesta desde Roma podría producirse después de la feria de enero, posiblemente durante febrero, con indicaciones sobre cómo debería continuar el trámite.
Los abogados aclararon que se trata de fechas estimativas transmitidas por quien lleva adelante la investigación y que no constituyen plazos confirmados por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe.
Los pedidos anunciados por los representantes de las familias apuntan a reconstruir las actuaciones realizadas por las autoridades eclesiásticas y esclarecer cómo se desarrolló el proceso institucional desde las primeras denuncias, sin anticipar conclusiones sobre la responsabilidad de ninguna persona.
En ese marco, también solicitaron preservar especialmente la identidad y la intimidad de las familias y de los niños involucrados en la investigación.