Dos jóvenes de 16 años denunciaron haber sido perseguidos, golpeados y amenazados de muerte durante un procedimiento policial ocurrido en la madrugada del sábado en Alta Gracia. La Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno y el Tribunal de Conducta Policial investigan los hechos.
Alta Gracia. Una denuncia penal involucra a efectivos de la Policía de Córdoba en Alta Gracia luego de que dos adolescentes de 16 años declararan haber sido perseguidos, golpeados y amenazados de muerte durante un procedimiento ocurrido en la madrugada del sábado.
De acuerdo con la presentación judicial, uno de los jóvenes sufrió fracturas de tibia y peroné, mientras que ambos presentaron lesiones en la cabeza. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno, a cargo de Alejandro Peralta Ottonello.
En paralelo, el Tribunal de Conducta Policial inició una actuación administrativa para determinar si existieron responsabilidades por parte de los efectivos señalados.
La denuncia de los adolescentes
Según la reconstrucción realizada por el abogado de las familias, Axel Aurich, los adolescentes circulaban en una motocicleta cuando un móvil policial habría comenzado a seguirlos y les habría ordenado detenerse.
El letrado sostuvo que el patrullero habría realizado una maniobra para encerrarlos. Ante el temor, los jóvenes continuaron la marcha durante algunas cuadras hasta que finalmente detuvieron la motocicleta.
Siempre según la denuncia, en ese momento uno de los policías habría descendido del móvil, arrojado a los adolescentes al suelo y comenzado a golpearlos con patadas.
Aurich afirmó que ambos llevaban puestos sus cascos y que, pese a ello, sufrieron lesiones en la cabeza. Uno de los jóvenes habría recibido un golpe con el borcego del efectivo que le provocó las fracturas de tibia y peroné.
La presunta amenaza con el arma reglamentaria
La presentación judicial también incluye una acusación particularmente grave: según el relato de los adolescentes, una mujer policía que se encontraba junto al agente habría intentado frenar la agresión al advertir que la situación estaba descontrolándose.
Sin embargo, siempre de acuerdo con la versión de los denunciantes, el efectivo habría continuado con los golpes y posteriormente extraído su arma reglamentaria, apuntándoles mientras los amenazaba para que no denunciaran lo ocurrido.
La familia sostiene que los jóvenes no fueron identificados formalmente durante el episodio ni se les habría solicitado documentación, licencia de conducir o información relacionada con la motocicleta.
Tras el presunto ataque, los adolescentes habrían quedado a un costado de la ruta. A pesar de las lesiones, lograron volver a subir al rodado y regresar a sus domicilios, donde posteriormente recibieron atención médica.
Investigación judicial y administrativa
El jefe de la Departamental Santa María, comisario mayor Roque Carabajal, confirmó públicamente la existencia de la denuncia penal y de la actuación administrativa.
Según explicó, una vez que la conducción policial tomó conocimiento de las acusaciones, se dio intervención a los organismos de control interno para que se investigaran los hechos y se determinara si correspondían responsabilidades.
Carabajal calificó la denuncia como grave y señaló que, por el momento, no se había dispuesto ninguna medida concreta contra los efectivos mencionados.
La autoridad policial manifestó además que la Departamental se encuentra a disposición de la Fiscalía y del Tribunal de Conducta y que ya respondió los requerimientos formulados por ambos organismos.
Por tratarse de una investigación en curso, evitó brindar datos personales o antecedentes de los policías involucrados.
Domos y documentación médica, bajo análisis
La familia de los adolescentes mantuvo una reunión con representantes del Tribunal de Conducta Policial y la querella solicitó el apartamiento preventivo de los efectivos mientras avanza la investigación.
Ahora, entre los elementos que podrían resultar determinantes para esclarecer lo ocurrido se encuentran las grabaciones de los domos de seguridad, que permitirían reconstruir el recorrido realizado por el móvil policial y la motocicleta, además de la documentación médica que acredita las lesiones denunciadas.
La Justicia deberá determinar qué ocurrió durante el procedimiento y si existieron responsabilidades penales, mientras que el Tribunal de Conducta analizará eventualmente la conducta de los agentes desde el punto de vista administrativo.
Fuente: Diario Sumario