El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial dos decretos que modifican partidas del presupuesto 2026 y designan a Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que establece sanciones por explotación de hidrocarburos sin autorización.
El Gobierno nacional publicó este viernes en el Boletín Oficial dos decretos que formalizan medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en cadena nacional, en relación con la soberanía sobre las Islas Malvinas y la explotación de recursos naturales en la plataforma continental argentina.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 867/2026 modifica partidas del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, con el fin de otorgar mayores recursos al Ministerio de Defensa, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae). Según el texto oficial, la adecuación presupuestaria busca «dotar a las áreas competentes de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones» y evitar que «peligre la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional».
En su discurso, el presidente Milei afirmó que «las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto» y sostuvo que «el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos».
Por otra parte, el Decreto 868/2026 designa al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, encabezado por Pablo Quirno, como autoridad de aplicación de la Ley 26.659. Dicha norma establece sanciones para quienes exploren o exploten hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del país.
La reglamentación instruye a todos los organismos y entidades de la administración pública nacional a informar a Cancillería, en un plazo de cinco días hábiles administrativos, sobre hechos que puedan encuadrar en las conductas alcanzadas por la ley. La cartera podrá iniciar de oficio o por comunicación de otro organismo el procedimiento administrativo correspondiente.
El procedimiento sumarial prevé que, si existen indicios suficientes, la autoridad de aplicación notificará al presunto infractor, quien dispondrá de diez días hábiles administrativos para presentar descargo y ofrecer pruebas. Además, se incorporaron requisitos adicionales para el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Las decisiones se adoptaron en el marco del reclamo de soberanía sobre las islas, que el Ejecutivo ubicó en el centro de su agenda de política exterior y de defensa.