Vecinos y organizaciones se congregaron en Santa María de Punilla para exigir justicia por el femicidio de Rocío Gómez y reclamaron la apertura de un jury contra dos jueces y la revisión de la actuación de la Fiscalía de Cosquín.
Vecinos y organizaciones se congregaron esta tarde en la localidad de Santa María de Punilla para exigir justicia por el femicidio de Rocío Gómez. Los manifestantes cuestionaron la falta de acción ante las reiteradas denuncias de violencia de género y los incumplimientos de las medidas judiciales.
La concentración se realizó sobre la Ruta 38. Los asistentes pidieron investigar la «cadena de negligencias» vinculadas al caso y reclamaron que los funcionarios involucrados asuman «responsabilidades políticas, judiciales e institucionales».
De manera concreta, solicitaron la apertura de un jury de enjuiciamiento contra el juez Javier Rojo, a quien acusan de haber otorgado la libertad condicional a Maximiliano Baudraco, ex pareja de Gómez y presunto responsable del crimen. También cuestionaron al juez Facundo Moyano Centeno, al sostener que existió una grave falta de control sobre las medidas cautelares y restricciones impuestas en una sentencia anterior por violencia.
El imputado debía cumplir con tratamiento psicoterapéutico por violencia y adicciones, tareas comunitarias, finalizar sus estudios y mantener la restricción de acercamiento respecto de la víctima. Según precisó Patricia Corbalán, directora del Patronato del Liberado, Baudraco no cumplió con las obligaciones fijadas, faltó a las citaciones iniciales y permaneció en libertad.
«Nos reunimos en conmemoración para recordar a Rocío y a todas las víctimas de la violencia machista y de los femicidios. Rocío Gómez era una joven vecina de nuestro pueblo, tenía 27 años y era mamá de 3 niñas. Fue asesinada el 20 de julio en Santa María de Punilla. Por el femicidio, está detenido Maximiliano Ezequiel Baudraco. Pero el femicidio de Rocío no comenzó ese día, antes hubo violencia, amenazas, denuncias, intervención policial, una causa penal, una condena, restricciones e incumplimientos», afirmaron desde el colectivo Ni una Menos.
«La familia había denunciado, la justicia sabía, las instituciones estaban advertidas y, sin embargo, Rocío no fue protegida. La causa anterior se inició por hechos denunciados en 2025 por la madre de Rocío en la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, a cargo de la fiscal Paula Kelm. Otra vez, la misma nefasta fiscal que intervino en el femicidio de Cecilia Basaldúa hace 6 años, un crimen impune que todavía no tiene detenidos», agregaron.
«Una denuncia sin acompañamiento puede convertirse en una condena para quien se animó a pedir ayuda. Exigimos que no sólo se investigue el asesinato, sino que se incluya toda la cadena institucional anterior que facilitó el femicidio de Rocío. La responsabilidad penal corresponde al femicida, pero las responsabilidades políticas, judiciales e institucionales también deben ser investigadas», concluyeron.