Un grupo de diputados nacionales del bloque Provincias Unidas presentó un proyecto con medidas fiscales, financieras y laborales destinadas a sostener el empleo formal y reducir la presión tributaria sobre las pequeñas y medianas empresas.
Un grupo de diputados nacionales de la oposición, encabezados por el santafesino Pablo Farías (bloque Provincias Unidas), presentó una iniciativa que propone una batería de medidas fiscales, financieras y laborales destinadas a sostener el empleo formal, facilitar inversiones y aliviar la presión tributaria sobre las PyMEs. El proyecto cuenta con el respaldo de Gisela Scaglia, María Inés Zigarán, Juan Brugge, Mariela Coletta, Carolina Basualdo, José Núñez, Esteban Paulón, Carlos Gutiérrez y Lourdes Arrieta.
Entre las medidas más relevantes figura la suspensión durante un año de nuevos juicios de ejecución fiscal, embargos y medidas cautelares iniciadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra empresas con certificado MiPyME vigente. Como condición, las firmas deberán conservar al menos el 90% de su plantilla de trabajadores.
La iniciativa también crea una moratoria excepcional para regularizar deudas tributarias, aduaneras y previsionales, con condonación de multas, reducción de hasta el 80% de los intereses para micro y pequeñas empresas, y planes de pago de hasta 96 cuotas con seis meses de gracia.
En materia impositiva, las micro y pequeñas empresas pagarían solo el 25% de los anticipos del Impuesto a las Ganancias previstos por la normativa vigente, mientras que las medianas abonarían el 50%. Además, se habilita la posibilidad de computar el 100% del impuesto al cheque como pago a cuenta de Ganancias. El proyecto incorpora un régimen de estabilidad fiscal por dos años que impediría la creación de nuevos impuestos nacionales o el incremento de alícuotas vigentes para las empresas alcanzadas.
En el ámbito productivo, los diputados buscan fortalecer la participación de las PyMEs como proveedoras del Estado y de proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Para ello, plantean beneficios como devolución acelerada de créditos fiscales, amortización acelerada de inversiones y reducciones temporarias en las contribuciones patronales. El proyecto también prevé líneas especiales de financiamiento con tasas subsidiadas, períodos de gracia y garantías del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR).
Uno de los cambios centrales se concentra en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), incorporado por la Ley de Modernización Laboral. La iniciativa reduce los montos mínimos de inversión exigidos, flexibiliza el tratamiento de quebrantos impositivos, amplía los mecanismos de amortización acelerada y extiende la vigencia del régimen de dos a cinco años, con posibilidad de prórroga.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores sostienen que las MiPyMEs representan el principal generador de empleo privado formal del país y advierten que muchas atraviesan una situación crítica por la combinación de alta presión tributaria, dificultades para acceder al financiamiento y una persistente caída de la actividad económica. En ese contexto, consideran necesario implementar medidas extraordinarias para evitar nuevos cierres de empresas y preservar el empleo.