El Tribunal Oral Federal N°4 condenó al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y al exsecretario de Obras Públicas José López a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa Skanska.
Julio De Vido y José López fueron condenados este lunes a cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el Tribunal Oral Federal N°4, en el marco de la causa Skanska, uno de los primeros grandes casos de presunta corrupción vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
La sentencia fue dictada por los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez, quienes consideraron acreditadas las maniobras irregulares relacionadas con la contratación de las obras de ampliación de los gasoductos de Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), ejecutadas por la empresa sueca Skanska.
De Vido, exministro de Planificación Federal, fue condenado por cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautor. José López, exsecretario de Obras Públicas, recibió la misma pena y la misma inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Además, el exgerente general de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, también fue condenado a cinco años de prisión, mientras que otros exdirectivos de Skanska y empresarios involucrados recibieron penas de entre tres y cuatro años. En cambio, 17 de los 30 imputados fueron absueltos, luego de que la fiscalía desistiera de la acusación en esos casos por falta de pruebas suficientes.
Un caso que comenzó hace casi 20 años
La investigación se inició en 2006, cuando salieron a la luz denuncias sobre un sistema de facturas apócrifas que habría servido para justificar pagos irregulares destinados al presunto pago de sobornos a funcionarios públicos.
Según la acusación, el esquema permitió direccionar las licitaciones y favorecer a Skanska en las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, proyectos estratégicos para incrementar la capacidad de transporte de gas tras la crisis energética que atravesó Argentina a comienzos de la década del 2000.
Con este fallo, la Justicia dio por acreditada la existencia de maniobras de corrupción en la adjudicación y ejecución de esas obras públicas, en un expediente que permaneció abierto durante casi dos décadas y que se convirtió en uno de los antecedentes más importantes en las investigaciones por corrupción en la obra pública nacional.