El máximo tribunal desestimó la apelación del Gobierno y confirmó la actualización salarial del personal universitario con retroactividad al 1 de diciembre de 2023.
Buenos Aires. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El máximo tribunal, mediante una resolución unánime firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó la apelación presentada por el Gobierno al considerar que no se trata de una sentencia definitiva.
La resolución judicial convalida de forma temporal la actualización de los haberes del personal docente y no docente de las universidades públicas con retroactividad al 1 de diciembre de 2023, así como la recomposición de los programas de asistencia estudiantil. Si bien el Ejecutivo nacional había condicionado la ejecución de la ley mediante el decreto 759/2025 a la asignación de partidas específicas, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ya había ordenado el cumplimiento de la norma al advertir que el desfasaje salarial afectaba severamente el derecho constitucional de enseñar y aprender.
Desde el punto de vista económico, el fallo no genera un impacto inmediato en las arcas públicas debido a que el pasado 10 de junio el Gobierno ya había firmado un acta de compromiso con el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios sectoriales. Dicho acuerdo pautó un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una partida especial de hasta 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios. No obstante, la determinación del tribunal de clausurar los recursos estatales y rechazar las recusaciones contra magistrados representa un fuerte respaldo institucional al reclamo de la comunidad universitaria.