El caso de Alberta, provincia petrolera canadiense que debate su relación con el poder central, ofrece claves para entender posibles tensiones en la Argentina a partir del desarrollo de Vaca Muerta en Neuquén.
La disputa por la renta energética vuelve a tensionar las relaciones entre regiones productoras y poder central en las federaciones contemporáneas. Para comprender algunos de los desafíos que podrían plantearse en torno a la explotación de la formación de Vaca Muerta durante las próximas décadas, conviene observar primero una experiencia que lleva más de medio siglo desarrollándose en el otro extremo del continente: la de Alberta, la gran provincia petrolera canadiense, con reservas que alcanzan los 159.000 millones de barriles y una producción diaria de 4 millones de barriles diarios (6 veces la producción neuquina y 5 el total nacional).
Ubicada en el oeste de Canadá, Alberta se encuentra a unos 3 mil kilómetros de Ottawa, la capital federal canadiense. Entre ambas median las provincias de Saskatchewan, Manitoba y Ontario. Alberta carece de salida al mar. Todo su petróleo debe atravesar la enorme Columbia Británica o dirigirse hacia los Estados Unidos para llegar a los mercados internacionales.
Esa riqueza energética convirtió a Alberta en uno de los pilares materiales de la economía canadiense. Sin embargo, también dio origen a una tensión permanente con el poder federal. Iniciando 2026, la premier provincial Danielle Smith anunció modificaciones al régimen de iniciativas populares que facilitarían la convocatoria de consultas provinciales. Ello reavivó el debate autonomista en Alberta y abrió la posibilidad de que sectores independentistas impulsen un referendo sobre la relación de la provincia con Canadá. Desde hace décadas amplios sectores de la sociedad local sostienen el autonomismo, aduciendo que Ottawa adopta decisiones que afectan directamente a la provincia sin considerar su realidad económica y social.
Smith anunció en mayo una consulta popular para el próximo 19 de octubre. Se planteará a la ciudadanía el siguiente interrogante: ¿Debería Alberta seguir siendo una provincia de Canadá o debería el Gobierno de Alberta iniciar el proceso legal requerido por la Constitución canadiense para celebrar un referéndum provincial vinculante sobre si Alberta debe separarse o no de Canadá?
Los conflictos no se limitan a la relación con la capital federal. También involucran a provincias vecinas. La expansión de los oleoductos que conectan Alberta con la costa del Pacífico ha generado fuertes controversias con Columbia Británica. Mientras Alberta considera imprescindible ampliar la infraestructura para exportar hacia Asia, sectores políticos y sociales de la costa occidental cuestionan los riesgos ambientales asociados a esos proyectos.
Sobrevuela el recuerdo de las experiencias de Quebec, que votó dos veces contra la independencia (1980 y 1995, en este último caso con un exiguo resultado de 50,58% contra 49,22%). En 1998, la Corte Suprema canadiense estableció que ninguna provincia posee un derecho unilateral a la secesión, aunque una voluntad popular clara obligaría a negociar constitucionalmente una eventual separación. En cualquier caso y más allá de las diferencias, tras la discusión técnica aparece una pregunta clásica del federalismo: quién recibe los beneficios del desarrollo y quién soporta sus costos.
Las tensiones se profundizaron especialmente a partir de ciertas políticas federales. El antecedente más recordado continúa siendo el National Energy Program impulsado por el gobierno de Pierre Trudeau (1980-1985), percibido en Alberta como una transferencia de riqueza desde el oeste productor hacia el resto del país. Más recientemente, los impuestos al carbono, las regulaciones ambientales y las restricciones a nuevos proyectos energéticos han alimentado la percepción de que Ottawa impone límites a la principal actividad económica provincial.
La cuestión fiscal ocupa un lugar central en estos debates. Las provincias canadienses disponen de amplias facultades tributarias. Alberta recauda impuestos propios, percibe regalías por hidrocarburos y administra recursos financieros en proporciones significativamente mayores que los de una provincia argentina promedio. Sin embargo, el sistema federal de igualación redistribuye recursos hacia jurisdicciones menos favorecidas. De allí surgen dos argumentos: 1) Constitucionalmente, el dominio de los recursos naturales corresponde al estado subnacional; 2) Alberta es un contribuyente neto al sistema federal canadiense.
La comparación con Neuquén merece una explicación. Según distintos estudios, sólo se ha explotado en Vaca Muerta una fracción del 10% o 12% de la superficie con potencial productivo. Diversos escenarios prevén que hacia 2040 la producción podría ubicarse entre 1,5 y 2 millones de barriles diarios. Si esos niveles se alcanzaran, Neuquén podría generar dentro de apenas tres lustros, entre el 25% y el 35% de las exportaciones argentinas, con una estimación intermedia cercana al 30%. En términos económicos, comenzaría a ocupar dentro de Argentina un lugar comparable al que Alberta posee actualmente en Canadá.
La pregunta, entonces, excede al petróleo. ¿Cómo evolucionan las relaciones entre una provincia productora y el poder central cuando aquella adquiere una importancia decisiva para la generación de divisas, el crecimiento económico y la inserción internacional del país? ¿Qué mecanismos permiten equilibrar solidaridad federal, autonomía provincial y control provincial o nacional de recursos estratégicos?