A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, Judicialas-AGEPJ difundió un documento que cuestiona el funcionamiento del sistema judicial cordobés, denuncia falta de recursos y reclama políticas de prevención.
A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos y tras el femicidio de Agostina Madeleine Vega, la organización Judicialas-AGEPJ difundió un pronunciamiento titulado «El desafío pendiente, construir un Estado que llegue antes».
El documento sostiene que la violencia de género continúa siendo una problemática estructural y recuerda que «la violencia machista sigue arrebatándonos vidas cada 36 horas».
Desde la organización señalaron que las trabajadoras judiciales representan el 75% del personal del Poder Judicial provincial. Afirmaron que las falencias del sistema son conocidas desde hace años y que han sido denunciadas reiteradamente.
«No hablamos desde la teoría: hablamos desde la experiencia cotidiana de quienes intentan hacer funcionar un sistema que hace tiempo opera por encima de sus límites», expresa el documento.
Entre los principales cuestionamientos, Judicialas señaló la escasez de recursos humanos y materiales, la fragmentación de los circuitos institucionales y la ausencia de una perspectiva de género efectiva en los ámbitos de decisión.
Según el pronunciamiento, las unidades territoriales encargadas de recibir denuncias y activar las primeras intervenciones atraviesan una situación crítica. «Guardias sostenidas por una sola persona durante toda la madrugada, oficinas sin infraestructura adecuada y equipos que deben responder a situaciones extremas con recursos cada vez más escasos», describe el texto.
En ese contexto, advierten que «es imposible garantizar simultáneamente la celeridad, la escucha y el acompañamiento que las víctimas necesitan».
La situación también alcanza a fiscalías, fueros especializados y equipos técnicos, donde —afirmaron— el aumento constante de causas convive con menos recursos y estructuras de trabajo que no se han actualizado frente a las nuevas demandas sociales.
«No hay perspectiva de género posible en instituciones desbordadas», explicó uno de los párrafos del documento. «El sistema actual pregona una supuesta eficiencia y rapidez que choca contra una realidad cotidiana signada por el desborde, la fragmentación y un financiamiento escaso y mal dirigido», sostienen.
Las judiciales también cuestionaron que, frente a hechos de alto impacto social, la respuesta institucional sea buscar responsabilidades individuales. «Se intenta buscar culpables individuales para ocultar las falencias de diseño, presupuesto y gestión del propio Estado», advierten.