La Legislatura de Córdoba sancionó por unanimidad el Régimen Provincial de Protección de las Víctimas de Delitos, conocido como “Ley Joaquín”, en homenaje a Joaquín Sperani.
La Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad el Régimen Provincial de Protección de las Víctimas de Delitos, una normativa que será conocida como “Ley Joaquín”, en homenaje a Joaquín Sperani, el adolescente asesinado en Laboulaye en 2023.
La ley fue sancionada durante la octava sesión ordinaria del período legislativo 2026 y surgió de un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que fue compatibilizado con iniciativas presentadas por distintos legisladores de diversos bloques políticos.
La normativa establece un régimen integral de derechos, garantías, asistencia, protección y reparación para las víctimas de delitos en todo el territorio provincial, con el objetivo de asegurar una participación informada y efectiva dentro del proceso penal.
Entre los principales aspectos, la ley dispone que las víctimas deberán recibir un trato digno y respetuoso, acceso a información clara y comprensible, asistencia integral con enfoque interdisciplinario y medidas destinadas a evitar situaciones de revictimización. También contempla mecanismos de protección urgentes cuando existan riesgos para la integridad física o psicológica de las personas afectadas.
La norma amplía además el concepto de víctima, incluyendo no sólo a la persona directamente afectada por un delito, sino también a familiares directos en casos de fallecimiento, desaparición o imposibilidad de ejercer sus derechos, así como a representantes legales de niños, adolescentes o personas con capacidad restringida.
Durante el debate estuvieron presentes familiares de Joaquín Sperani, entre ellos sus padres, Martín Sperani y Mariela Flores, quienes acompañaron la aprobación de la ley desde el recinto legislativo.
Otro de los puntos destacados establece la capacitación obligatoria y periódica para integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad, personal penitenciario, operadores judiciales, fiscales, defensores y trabajadores de instituciones públicas vinculadas a la atención de víctimas. Los programas deberán abordar derechos humanos, derechos de las víctimas, perspectiva de género, prohibición de torturas y estándares internacionales de protección.
Según sus fundamentos, la ley busca que los derechos de las víctimas sean efectivos y exigibles, estableciendo obligaciones concretas para los organismos estatales encargados de la atención, investigación y juzgamiento de los delitos.