Unos 300 compradores de Fiat Toro con fallas mecánicas cuestionan a la justicia cordobesa por fallos que consideran contradictorios, tras años de litigio. Presentaron una denuncia ante el Tribunal de Ética.
Alrededor de 300 damnificados por las fallas en las camionetas Fiat Toro, representados por el estudio del Dr. De Ferrari Rueda, han emprendido acciones judiciales en Córdoba que llevan entre 6 y 8 años de antigüedad. Si bien obtuvieron fallos favorables en primera instancia, los procesos han tenido idas y vueltas en segunda instancia y en el Tribunal Superior de Justicia, generando lo que los afectados califican como fallos contradictorios.
Según relataron los damnificados, la Cámara de Apelaciones de Séptima Nominación, integrada por los jueces Jorge Arrambide, Florencia Bellusci y Julio Sánchez Torres, emitió cuatro fallos: los dos primeros favorables a los usuarios y los dos siguientes en contra de ellos, revirtiendo la postura previa y obligando a los compradores a devolver los vehículos sustitutos y a pagar las costas judiciales.
El usuario Gabriel Brailovsky explicó que el problema radica en un filtro de partículas diésel (DPF) incorporado para cumplir normas Euro 5, que en ciertas condiciones provoca que el gasoil regrese al cárter, mezclándose con el aceite y generando fallas de lubricación, altas temperaturas y, en algunos casos, incendios. Señaló que hay alrededor de 50 camionetas incendiadas, incluidas algunas de la Policía de la Provincia, y que las pericias de bomberos confirman el origen en el DPF.
Brailovsky destacó que el juez de primera instancia, Roberto Lautaro Cornet, falló de manera coherente a favor de los usuarios, pero que la Cámara cambió su criterio en un lapso de 60 días sin dar explicaciones. Ante esta situación, los damnificados presentaron una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Justicia de Córdoba, solicitando que se investigue el cambio de postura de los magistrados.
“Necesitamos que el Tribunal de Ética tome cartas en el asunto y les pida a estos jueces que expliquen cuál ha sido el criterio por el que en 60 días modificaron fallos tan contundentes”, reclamó Brailovsky, quien agregó que los afectados están decididos a llegar hasta las últimas consecuencias para que la Justicia cordobesa defienda a la parte más débil frente a una multinacional como Stellantis.