El gobernador Martín Llaryora anunció un refuerzo económico para entidades del sector, que enfrentan una crisis por la falta de pagos de programas nacionales. El fondo se aplicará para sostener las prestaciones básicas.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dispuso un refuerzo económico de 450 millones de pesos para instituciones que trabajan con personas con discapacidad. La medida busca paliar los severos problemas financieros que atraviesa el sector, agravados por la falta de pagos de distintos programas nacionales.
Llaryora, junto a la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, recibió este miércoles en el Centro Cívico a representantes de instituciones de la ciudad Capital y del interior. Durante una reunión de más de dos horas, las entidades expusieron su situación crítica, tras lo cual el mandatario instruyó agilizar la asistencia económica para mantener las prestaciones.
El gobernador indicó que los fondos provendrán del Fondo de Emergencia para la Discapacidad, originalmente creado para financiar proyectos nuevos. «He tomado la decisión de aplicarlo exclusivamente para sostener y reforzar a las instituciones en este momento de crisis», explicó. Subrayó que la grave situación obedece al incumplimiento de la Ley de Discapacidad y la falta de pagos nacionales comprometidos, incluyendo los recientemente interrumpidos para prestaciones de PAMI.
«Hay que ser claros: si no se cumplen los envíos de fondos nacionales que corresponden a cada entidad, el esfuerzo que hace la Provincia no alcanzará para sostener todos los servicios», remarcó Llaryora, instando a la normalización del financiamiento nacional.
Por su parte, Liliana Montero apuntó a las implicancias del desfinanciamiento: «Estamos ante un verdadero descuartizamiento de la salud pública. La mayoría de estas instituciones brindan prestaciones a través de PAMI o del programa Incluir Salud, organismos nacionales que deben hacerse cargo». Anunció que, además del auxilio financiero, se reactivará un complemento para la alimentación destinado a entidades con servicios de doble jornada.
Los representantes del sector detallaron el complejo momento que atraviesan. Instituciones como el Cottolengo Don Orione, la Fundación IRAM o la Asociación Apadim, con más de 100 personas a cargo, dejaron de percibir aportes de programas nacionales. Todas las entidades vienen recibiendo acompañamiento provincial y participan en el Fondo Provincial de Inclusión Social, que este año incrementó su inversión a 4.500 millones de pesos.
Tras el encuentro, representantes de las instituciones valoraron la medida. Nicolás Herrera (Fundación Avenir) destacó que el anuncio «marca la diferencia entre poder continuar brindando estos servicios o vernos obligados a interrumpirlos». Marcela Rosales (Fundación IRAM) lo consideró un alivio significativo. Otros, como Leandro Ator (Colectivo 3 de Diciembre) y Martín Passini (Apadim), señalaron que la ayuda es de emergencia y no reemplaza las responsabilidades del Gobierno nacional, mientras advirtieron sobre el «daño sanitario grave» y una crisis sin precedentes en 25 años.
Leonardo Basconi (Cottolengo Don Orione) rescató el valor del diálogo y Hugo Gerbaldo (Fundación Causana) alertó sobre la reducción de servicios, migración de profesionales y crecimiento del endeudamiento en un contexto extremo.