Un juzgado federal de San Martín hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), que suspende por medio año la implementación de dos artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La resolución alcanza específicamente al ámbito del comercio, el sector con mayor cantidad de trabajadores afiliados del país.
Alcance de la suspensión judicial
El fallo ordena al Poder Ejecutivo abstenerse de aplicar, dentro del sector comercio, los artículos 131 y 133 de la normativa. La decisión judicial mantiene vigentes las cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y otros acuerdos conexos, que estaban bajo revisión por la nueva ley.
El artículo 131 modificaba el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos. Estipulaba que, al vencerse un acuerdo, solo permanecerían en vigor las cláusulas sobre condiciones y beneficios individuales, mientras que el resto de las disposiciones requerirían un nuevo pacto para continuar.
Por su parte, el artículo 133 establecía límites a los aportes y contribuciones sindicales. Fijaba un tope del 0,5% de las remuneraciones para contribuciones a entidades empleadoras y un máximo del 2% para los aportes a asociaciones sindicales, aplicables a todos los trabajadores, afiliados o no.
Posición gremial y consecuencias
Armando Cavalieri, secretario general de Faecys, calificó el fallo como «un acto de justicia que defiende la dignidad de los trabajadores mercantiles y nuestra autonomía para negociar». El dirigente, con más de cuatro décadas al frente del sindicato, sostuvo que no permitirán «que, bajo excusa de modernización, se intente asfixiar a los sindicatos y recortar derechos históricos».
Desde el gremio argumentaron que la resolución es crucial para evitar un escenario de desfinanciamiento que pondría en riesgo la estructura operativa de las organizaciones sindicales y la prestación de servicios esenciales. Según informaron, el fallo asegura la continuidad de todas las cláusulas convencionales y obliga a las empresas a mantener la retención y depósito de las contribuciones solidarias pactadas.
Contexto de la ofensiva judicial
Esta medida cautelar representa una victoria parcial para el sector gremial dentro de una amplia ofensiva legal contra la reforma laboral. Cavalieri, quien mantiene un perfil más dialoguista con el gobierno nacional que otros sectores de la CGT, igualmente impulsó acciones judiciales y movilizaciones contra la normativa.
La central obrera lleva adelante una estrategia judicial más amplia, planteando la inconstitucionalidad de aspectos nucleares de la reforma, como el nuevo fondo de cese laboral, la figura del «trabajador independiente» con colaboradores y el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo. Si bien recientemente sufrió un revés al no obtener la suspensión total de la ley, la causa de fondo continúa activa y se encamina hacia una posible definición en la Corte Suprema de Justicia.
En paralelo, sobre el punto específico del traspaso del fuero laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, los empleados judiciales ya obtuvieron un fallo favorable en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 30.